Panamá empieza a deportar a los migrantes asiáticos enviados por Trump entre cuestionamientos legales

Un primer grupo de asiáticos que fueron deportados por Estados Unidos a Panamá comenzó en la noche del martes el tránsito hacia los territorios de los que huyeron. Son más de 170 de los 299 migrantes que el Gobierno de Donald Trump detuvo en su frontera y envió en tres vuelos hacia la capital panameña, donde permanecieron encerrados e incomunicados desde la semana pasada hasta que, según autoridades locales, aceptaron volver “de manera voluntaria” a sus países de origen.

Panamá inició el proceso el martes por la noche con la coordinación de dos organizaciones de Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, quienes supervisan a los migrantes. “La OIM y ACNUR han estado conversando con ellos [los migrantes] para el regreso a sus países y hay 171 que han aceptado regresar en forma voluntaria”, dijo a la prensa el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Aunque tres fuentes del Gobierno le dijeron a EL PAÍS que serían enviados a sus países, según informó el diario The New York Times el miércoles, el grupo —que incluye a ocho niños— fue trasladado a un campamento en selva del Darién.

Más tarde, el Ministerio de Seguridad Pública aclaró que 13 migrantes habían regresado ya “de forma voluntaria” a sus países, mientras que 97 más habían sido trasladados al albergue San Vicente, en la provincia del Darién, fronteriza con Colombia, a donde serían trasladados ocho más “en las próximas horas”.

Según explicó ese ministerio, en total 175 de los 299 migrantes, en su mayoría asiáticos, que fueron enviados por el Gobierno de Trump han aceptado ya regresar a sus países. “Hasta ahora se han adquirido 41 pasajes aéreos: 9 para Turquía, 17 para la India, 8 para China, 5 para Georgia, 1 para Nepal y 1 para Kosovo”, indicaron en un comunicado. En él, también informan de una ciudadana china que había huido del hotel de la capital donde el Gobierno tenían resguardados a los migrantes y fue encontrada en Costa Rica y devuelta a Panamá, donde “se encuentra bajo protección”.

El resto se resiste a volver a los lugares de donde escaparon, algunos de ellos por temor. “No estamos a salvo en nuestro país”, avisaron con un cartel escrito en inglés dos mujeres con la cara cubierta por tapabocas desde uno de los ventanales del hotel Decápolis, donde están retenidas y custodiadas por las fuerzas de seguridad locales. El Gobierno prohibió a periodistas acceder a ellas, pero desde la acera del edificio observaron las señales de auxilio: “Por favor ayúdennos”, escribió alguien más en otro letrero, también en inglés. En total son 124 personas que, tras negarse a regresar a sus países, quedan en un limbo jurídico.

Costa Rica también se convierte en “puente”

Trump buscó concretar su plan de deportación masiva hacia países como Afganistán, Irán o China con Panamá y Costa Rica como aliados, que aceptaron convertirse en puente para los vuelos de repatriación. El Gobierno de Rodrigo Chaves anunció el pasado lunes que recibirá a 200 personas. Su par panameño, José Raúl Mulino, se había negado a servir de puente a Estados Unidos para sus deportaciones hasta que Trump amenazó con retomar el control del Canal de Panamá. Durante la visita oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, tres semanas atrás, acordaron profundizar la cooperación migratoria sin poner demasiada atención a las cuestiones legales que podrían surgir en una situación inédita como esta. Ahora el problema está del lado de Panamá.

Hay expertos que han señalado que se trata de un proceso ilegal. Hannah Flamm, del Proyecto Internacional de Asistencia al Refugiado, apuntó a la administración Trump por llevar a cabo deportaciones rápidas, sin debido proceso y sin dar oportunidad de solicitar asilo a las personas que llegaron a Estados Unidos en busca de protección. Además, cuestiona que depositen a estas personas en un tercer país —Panamá o Costa Rica— sin protocolos, información ni garantías sobre el futuro. “Es ilegal no ofrecer ninguna oportunidad para buscar protección y es ilegal deportar a alguien a un país que no es el designado para la deportación”, dijo Flamm.

Abogados cuestionan la “detención ilegal” de los migrantes

Mientras, en Panamá, crece la preocupación por el vacío legal en el que se desarrollan las deportaciones. Abogados definieron como “detención ilegal” la reclusión de migrantes en el hotel de una de las principales vías de la capital y alertaron sobre la violación de tratados internacionales que el país está obligado a cumplir, por ser signatario. Alonso Illueca, especialista en derecho internacional, dijo que “las acciones del Gobierno panameño reflejan un desdén por el derecho internacional de los derechos humanos aplicable a la movilidad humana y un desconocimiento evidente del derecho internacional de refugiados en su sentido más básico, incluyendo el principio de no devolución”. Por ese principio, las mujeres que piden auxilio con un cartel desde el Decápolis, no deberían ser devueltas a su país si corren riesgo de ser perseguidas por razones como género, raza o religión, según explica.

El ministro Ábrego negó que hayan privado de libertad a los migrantes retenidos, pero no pudo explicar con precisión bajo qué paraguas legal está actuando Panamá. Ni él ni nadie en el Gobierno respondió si hay un documento donde se precise el acuerdo por el cual se aceptó hacer el trabajo pedido por Trump, si ampliaron formalmente el memorándum firmado en julio del año pasado con Estados Unidos —donde ambos países comenzaron la coordinación para deportar migrantes que ingresan a Panamá de manera irregular— o si las 299 personas llegaron con orden de deportación o algún otro documento emitido por autoridades estadounidenses.

OIM y ACNUR tampoco aclararon estas cuestiones ni cuántos migrantes comenzaron a abandonar el país la noche del martes y hacia dónde. Un portavoz de OIM respondió de forma genérica que están trabajando con los funcionarios locales para “ayudar a los afectados, apoyando los retornos voluntarios para aquellos que lo soliciten e identificando alternativas seguras para los demás”. El silencio de otras agencias internacionales también llamó la atención en el istmo, sobre todo porque entre las personas detenidas hay niños.

La violación de estándares internacionales y la falta de transparencia en torno a los acuerdos de los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Costa Rica es criticada en estricta confidencialidad por referentes de las organizaciones. “Ahora están con esta fachada de que las personas quieren regresar a sus países, cuando vienen deambulando por toda la región para desarrollar un proyecto de vida que se les niega”, dijo una experta que pidió mantenerse en reserva hasta tanto definan qué pasos seguir.

Para Flamm, los vuelos de deportación emprendidos por Trump hacia Panamá y Costa, Rica son equivalentes a la detención en Guantánamo. “Representan riesgos mortales para la vida de las personas y para la integridad del sistema legal por igual”.