El Gobierno de Milei impulsa un proyecto para cobrar los estudios universitarios de alumnos extranjeros

En medio de su disputa con la comunidad académica y con la mayoría de la oposición, que exigen más fondos para financiar a las universidades públicas, el Gobierno de Javier Milei impulsa el arancelamiento de los estudios superiores para estudiantes extranjeros. Hoy las carreras de grado son gratuitas en la gran mayoría de las universidades nacionales, sin distinción de la nacionalidad de los alumnos. La Administración ultraderechista ya había incluido la misma medida en un megaproyecto de reformas presentado en el Congreso al inicio de su gestión, pero había tenido que retirarla por falta de apoyos. Ahora el Ejecutivo volverá a la carga y enviará un nuevo proyecto al Parlamento. De todos modos, en caso de ser aprobado, la autonomía universitaria le permitirá a cada institución resolver si arancela o no su oferta académica.

Los últimos datos oficiales disponibles, actualizados al período 2022-2023, detallan que en las universidades públicas argentinas hay 2.163.124 alumnos. De ese total, 2.030.633 cursan estudios de pregrado y grado (mayormente gratuitos, aunque algunas instituciones cobran bonos voluntarios o aplican sistemas afines) y otros 132.491 alumnos cursan estudios de posgrado (arancelados). Los estudiantes extranjeros son 91.984 (hay otros 30.000 en universidades privadas), de los cuales 79.834 están en carreras de pregrado y grado, mientras que 12.150 lo hacen en posgrados. Es decir, los extranjeros que estudian carreras gratuitas son el 3,9% de la matrícula.

Apenas asumió en diciembre pasado, Milei presentó su ambicioso proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, dirigido a concentrar poder, desregular la economía y desguazar el Estado. Para lograr su aprobación en el Congreso, debió ceder y declinar gran parte de su contenido: de los más de 600 artículos originales, fueron sancionados 238 a mitad de año. Desde entonces, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mentor del proyecto original, viene elaborando distintas propuestas específicas, para insistir con las reformas excluidas de la Ley Bases.

El proyecto dedicado a cuestiones educativas, que ya fue acordado con la Secretaría de Educación pero aún no fue presentado en el Congreso, propone instrumentar un examen final al término de la escuela media; desregular la educación a distancia; profundizar la evaluación de los docentes; incentivar la recaudación de fondos en las escuelas, entre otras cosas. Para las universidades, propone determinar principios básicos para asignarles recursos y arancelar los estudios para alumnos extranjeros.

La vigente Ley de Educación Superior establece que en Argentina “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa”. El proyecto del Gobierno prevé agregar que la gratuidad es para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. También propone añadir que las universidades “podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero”, es decir, para los extranjeros sin residencia permanente.

“Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, argumentó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La oposición consideró “inaplicable” la propuesta y le recordó al Gobierno que las universidades exigen, para cursar carreras de grado, que los extranjeros tengan documento nacional o el trámite de residencia iniciado. “Los estudiantes extranjeros no residentes no pueden inscribirse en las universidades. La propuesta de cobrarles un arancel es inaplicable. Solo es funcional a instalar un clima de xenofobia”, alertó el legislador Gabriel Solano, del Frente de Izquierda. Desde la misma fuerza, la diputada Vanina Biasi remarcó que “en las universidades nacionales no cursan extranjeros no residentes. Hay convenios de intercambio a los que pueden acceder no residentes, que pueden estar fuertemente arancelados o no, depende de los términos del convenio y representan un número ínfimo dentro de la cursada total”.

El diputado Maximiliano Ferraro, del partido centrista Coalición Cívica, recordó que la Constitución Nacional le pone límites a la pretensión de arancelar los estudios universitarios para no residentes: el artículo 20º determina que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.

“Es irrelevante para el sistema universitario que se cobre a los extranjeros. La medida no tiene impacto presupuestario”, estimó el peronista Nicolás Trotta, ex ministro de Educación. “En lugar de ver cómo financia a la universidad, el Gobierno está introduciendo un intento de arancelamiento a un porcentaje muy pequeño de estudiantes. Frente a la situación que se está viviendo, y a las posiciones ideológicas del Gobierno de Milei, esto puede ser un primer paso para tratar de arancelar a todo el sistema universitario nacional”.

La iniciativa del Ejecutivo se conoció en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario. Este miércoles hubo masivas movilizaciones de estudiantes y docentes en todo el país, para exigirle a Milei que revierta el ajuste que está aplicando sobre las universidades públicas. Con amplio apoyo de las distintas fuerzas opositoras, el Congreso aprobó el mes pasado una ley de financiamiento universitario que permitía actualizar los fondos destinados al funcionamiento de las casas de estudios y a salarios de su personal. El presidente Milei vetó la norma argumentando que atenta contra el equilibrio fiscal y la próxima semana el Parlamento intentará anular el veto.

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