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Venezuela
Columna
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La embajada que se convirtió en cárcel en Venezuela

El asedio oficial a los seis opositores asilados en la delegación argentina en Caracas es evidencia de la decisión del chavismo de sincerar sin complejos su condición tiránica

La embajada argentina en Caracas, Venezuela. En marzo de 2020.
La embajada argentina en Caracas, Venezuela. En marzo de 2020.Getty Images (Getty Images)
Carlos Pagni

El 20 de marzo pasado, en plena campaña electoral, el régimen de Nicolás Maduro acusó por terrorismo, conspiración y traición a la patria a los seis principales integrantes del equipo proselitista de la candidata opositora María Corina Machado. Los denunciados consiguieron asilo en la embajada argentina y evitaron ir a la cárcel. Sin embargo, al cabo de casi nueve meses, Maduro consiguió convertir a esa sede diplomática en una prisión. El sábado pasado, los refugiados denunciaron que, carentes de electricidad, se les cortó también el agua. La situación de esos asilados en cautiverio es una demostración de cómo la dictadura chavista se ha ido radicalizando, en especial después de perder las elecciones y marchar hacia una usurpación lisa y llana del poder.

Argentina concedió el refugio a Humberto Villalobos, que era el coordinador electoral de la campaña de Machado; a Claudia Macero, la coordinadora de comunicaciones; a Omar González, responsable de organizar la estructura política de ese proselitismo; a Fernando Martínez Motola, enlace entre Machado y los demás partidos de la coalición antichavista; y a Pedro Urruchurtu, encargado de relaciones internacionales de la candidata.

Desde la sede diplomática, esos opositores pidieron un salvoconducto para salir del país. Les fue negado. A fines de julio, el gobierno venezolano expulsó a los diplomáticos argentinos. No se habló de ruptura de relaciones. El término fue “congelamiento”. El chavismo sigue siendo una máquina de innovar. Lo cierto es que el 1 de agosto Brasil se hizo cargo de la representación de los intereses argentinos en Venezuela. En la embajada se izó la bandera verde y amarilla. Se suponía que, dada la relación amigable de Maduro con Lula da Silva, los refugiados verían aliviada su situación. Hasta imaginaron, ahora sí, que les permitirían exiliarse.

La historia tuvo otras ideas. El acoso al candidato vencedor de los comicios, Edmundo Gutiérrez Urrutia, hizo que también este ex diplomático se asilara. Lo acogieron en la embajada de los Países Bajos. Pero, como se había convertido en el emblema de la ilegitimidad del oficialismo, Maduro quiso que abandonara el país. Entre el 6 y el 7 de septiembre comenzaron a registrarse hostilidades sobre la representación argentina, en una demostración de que no habría paz para quienes quisieran asilarse. Gutiérrez Urrutia registró el mensaje. Se mudó desde la sede de los Países Bajos a la de España y, desde allí, marchó hacia el exilio en Madrid.

Esta oscura historia diplomática se va convirtiendo en una reducción a escala de las relaciones entre el régimen chavista y el mundo externo. El 7 de septiembre se le revocó a Brasil el derecho a entender en los intereses argentinos. A partir de ese día la casa comenzó a estar controlada por un cuerpo policial destinado a las representaciones extranjeras. La vigilancia se ejerce desde el estacionamiento del edificio. Se prohíben las visitas. También el ingreso de vehículos. Las compras de comida o medicamentos son fotografiadas. Las facturas, elevadas a la superioridad de esa fuerza. Además, hay dos destacamentos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cada uno a 200 metros de la residencia. Se controla todo, todo el tiempo. Los asilados son asistidos por personal venezolano de la embajada argentina. Esos empleados hacen de comer, se encargan de la limpieza. De los funcionarios brasileños no quedó nadie. Desde el 6 de septiembre se les impidió el acceso.

Fuerzas de seguridad venezolanas vigilan la calle junto a la residencia del embajador argentino, en Caracas, Venezuela, el 24 de noviembre de 2024.
Fuerzas de seguridad venezolanas vigilan la calle junto a la residencia del embajador argentino, en Caracas, Venezuela, el 24 de noviembre de 2024. Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)

Algunas novedades de las últimas semanas agravaron la situación. Una ocurrió a fines de octubre. Fue el conflicto abierto entre el régimen chavista y el gobierno de Lula da Silva por el veto que introdujo Brasil a la pretensión venezolana de incorporarse a los Brics. Maduro llamó en consulta a su embajador en Brasilia. Y la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, la canciller, declaró persona non grata a Celso Amorim, el asesor internacional de Lula. Amorim había sido, hasta las elecciones de julio, el funcionario más contemplativo con la radicalización autoritaria del chavismo.

El otro hecho irritante para el régimen fue la publicación de una lista de sancionados por parte de los Estados Unidos. Son 21 jerarcas del gobierno de Maduro, entre los que se encuentra la hija del poderoso Diosdado Cabello. A partir de esa decisión, la agresividad sobre los asilados-cautivos se agravó. Al esquema de seguridad existente se agregó una patrulla que vigila la embajada mañana, tarde y noche. Empleados oficiales cortaron la electricidad y se llevaron los fusibles. La energía se raciona con el uso de un generador. El agua también se cortó. El domingo se consumió la última que quedaba en un tanque. El ingreso de camiones cisterna está prohibido. Los repartidores que llevan la comida desde los comercios de la zona son revisados e interrogados durante horas.

Estas operaciones son simultáneas con un asedio sistemático contra la líder de la oposición, Machado. Desde las oficinas del poder se lanzan versiones sobre un inminente pedido de captura, al mismo tiempo que la casa de la madre de la excandidata se convierte en blanco de agresiones.

Es difícil encontrar antecedentes de un Gobierno que ataca una embajada de otro país como está haciendo el de Maduro con la de Argentina, administrada por Brasil. Por eso llama la atención la escasa repercusión que ha tenido este comportamiento en las cancillerías de los dos países agredidos. Ni la argentina ni la brasileña levantaron la voz. Sí lo hicieron 28 ex presidentes de distintos países que reclamaron a Lula y al Vaticano que intervengan ante Maduro a fin de terminar con la crisis humanitaria, ya no del país, sino del interior de una casa en la que se mortifica a un grupo de seis asilados.

El caso de la embajada argentina es un indicador de un proceso más general e inquietante, que es la decisión del chavismo de sincerar sin complejos su condición tiránica. El 10 de enero habrá un hito en esa trayectoria: reasumirá el poder el dictador, sirviéndose de la excusa de elecciones fraudulentas.

Diez días más tarde comenzará a despejarse otra incógnita: ¿qué política seguirá Donald Trump frente al régimen venezolano? Una posibilidad es que repita su primera experiencia, muy inspirada en los consejos del senador Marco Rubio. Fue cuando se apostó a que los militares dejarían caer a Maduro. En el Departamento de Estado hasta se fantaseó con la invasión de un ejército multinacional a Venezuela.

Hay quienes aventuran que ese escenario habría cambiado. Aun cuando Rubio vaya a ser el canciller de la administración que asumirá el poder en Washington el 20 de enero. Influyen las circunstancias de un mundo en el que la incertidumbre energética otorga otro poder a los países productores de hidrocarburos. Influyen intereses financieros, como los de los grandes fondos involucrados en el negocio de los bonos venezolanos.

Los asilados de la sede diplomática argentina siguen los vaivenes de esa geopolítica, mientras se angustian por la falta de agua dentro de una casa en penumbras.

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