Un nuevo golpe a la Segunda República

“Imaginemos que el 14 de abril, cuando los republicanos españoles entraron en Gobernación y unas docenas de ellos dijeron que se habían puesto a gobernar, se hubiesen planteado este problema que Hitler ha visto con tanta lucidez y, no contentos con que los guardias hubiesen hecho acto de acatamiento a la República, a cada guardia le hubiesen puesto un guardián: un joven republicano sin trabajo”. Quien lo escribió en mayo de 1933 no era ningún exaltado ni socialista radicalizado, sino Manuel Chaves Nogales, de gira en la Alemania que se encontraba Bajo el signo de la esvástica. Solía identificarse como “un intelectual liberal al servicio del pueblo”, una definición que prácticamente se superpone con el autorretrato de Manuel Azaña: “Un intelectual, un liberal y un burgués”. Chaves terminó convertido en subdirector del diario Ahora, muy cercano a la izquierda republicana. No es casualidad.

Junto al pueblo en armas es una colección de los editoriales que se publicaron en ese periódico durante los meses iniciales de la Guerra Civil, en edición de Espuela de Plata, y complementa el acercamiento a Chaves, frecuentemente invocado y bastante menos leído. El problema al que aludía el periodista sevillano tenía que ver con el dilema que debe afrontar toda transición a un nuevo régimen: ¿qué hacer con las estructuras y el personal del aparato del Estado anterior? En especial dado que, en esta época, los agentes públicos eran básicamente seleccionados en función de su afinidad y formados en la lealtad al sistema de turno.

Chaves se lamentaba de que, al contrario que Hitler, la República hubiera apostado por la continuidad. Con la sola excepción de la reforma militar, se renunció a cualquier forma de reemplazo generalizado por “parados republicanos” del personal del periodo monárquico, que, en lugar de mantener el nuevo orden, “acaso sea de los que se dedican a perturbarlo”. “Si hubiéramos hecho lo que Hitler […] no existiría nunca el temor de que el guardia no fuese bastante republicano”, concluía Chaves poniendo el acento en las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuya importancia política ha sido objeto de reciente atención en Una historia de la policía española de David Ballester Muñoz.

Sangrante fue el caso del general Sanjurjo. Inicialmente ratificado como director de la Guardia Civil, fue protagonista del intento de golpe de Estado de 1932. Su plantilla, como recogía Azaña en sus diarios, “no se aviene con las nuevas autoridades”, puesto que “son alcaldes y concejales muchos que solían ser las víctimas y los perseguidos habituales”. La creación de la Guardia de Asalto y el plan de jubilaciones de jueces y fiscales fueron insuficientes, como ha estudiado Miguel Pino y demostró la matanza de Casas Viejas. A esas alturas, el entonces presidente del gobierno ya había comprobado que el viejo mundo monárquico se resistía a ceder posiciones de poder, y así no podría nacer el nuevo mundo prometido por la legislación reformista del primer bienio, que penaba para imponerse sobre el terreno agrario y laboral, y no era respetada ni aplicada por los tribunales, como acaba de demostrar Rubén Pérez Trujillano.

Estudiadas de manera pionera por Shlomo Ben-Amin en Los orígenes de la Segunda República: anatomía de una transición, las lógicas y desafíos de esta transición, muy celebrada en su día por su carácter conciliador, han quedado bastante olvidadas por la historiografía. Y eso que podría considerarse un antecedente y una piedra de toque a la hora de analizar la siguiente transición hacia un régimen democrático, la que dio lugar a nuestro sistema político. Probablemente porque resulta un ejercicio que incomoda tanto a quienes han criticado la excesiva continuidad en la transición hacia la monarquía parlamentaria como, especialmente, a quienes siguen dedicándose a cuestionar la naturaleza democrática de la Segunda República.

En los últimos años, por el contrario, han proliferado los libros negando cualquier legitimidad y aspecto positivo en la experiencia republicana, desde su propia proclamación hasta las elecciones de febrero de 1936, pasando por el voto femenino. Estos libros los han escrito Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, José Ignacio Nicolás-Correa o Inger Enkvist. Algunos de ellos están empeñados en convencernos de que la Restauración, con todas y cada una de sus elecciones amañadas, era en realidad más democrática y que Alfonso XIII iba camino de convertirse en un modélico monarca constitucional, algo que impidieron, oh sorpresa, la izquierda socialcomunista y el nacionalismo catalán. Además en sus entrevistas de promoción claman ser víctimas de la cultura de la cancelación y del malvado proceso de la memoria democrática.

Algunos historiadores están empeñados en convencernos de que la Restauración, con todas y cada una de sus elecciones amañadas, era en realidad más democrática y que Alfonso XIII iba camino de convertirse en un modélico monarca

Resulta bastante incierto. Hace ya muchos años que las visiones de postal sobre la República dieron paso a los análisis que, desde interpretaciones contrapuestas, han abordado el periodo en su complejidad. Pero, el objetivo de estas obras es evidente: establecer en el imaginario colectivo que el antecedente válido de la democracia actual es el sistema monárquico de la Restauración, mientras que la República se reduce a una época oscura marcada por el sectarismo, el desorden y la conflictividad.

Queda en manos de los lectores formarse su opinión y decidir si debe despreciarse completamente a un régimen constitucional sin duda imperfecto, como todas las jóvenes democracias de entreguerras. Imperfecto pero nacido de un proceso electoral y con alternancia en el poder, portador de un modelo territorial descentralizado, que representó uno de los momentos culminantes de la ciencia española, y que hizo posible que Clara Campoamor aprobara el sufragio femenino, con la vergonzante ausencia en la votación de Azaña y de Indalecio Prieto, pero gracias a los votos favorables del PSOE y de la Acción Popular de Gil Robles. Pueden comprobarlo ustedes mismos acudiendo al Diario de Sesiones de las Cortes. Al contrario de lo que circula por las redes, podrán verificarlo: Largo Caballero voto sí.

La violencia política es el penúltimo recurso de los que afirman que criticar cualquier aspecto de la República es hacer historia objetiva y reivindicar alguna de sus medidas y reformas hacer historia ideológica.

La nueva entrega de esta saga es Fuego cruzado. La primavera de 1936. Sus autores son Manuel Álvarez Tardío, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (y al que no acompaña en esta ocasión Roberto Villa, centrado en instituciones tan escasamente politizadas como la FAES), y el catedrático de la Universidad Complutense Fernando del Rey, autor de Retaguardia roja, que mereció el Premio Nacional de Historia por su notable aportación al conocimiento de la violencia en el campo republicano durante la guerra civil.

Continuación de la labor que iniciaron como directores del volumen Vidas truncadas. Historias de violencia en la España de 1936, Álvarez Tardío y Del Rey presentan un ambicioso trabajo, de casi setecientas páginas, muy bien estructurado y repleto de información sobre las instituciones, las situaciones y los protagonistas de “cinco meses de la vida política española”, reflejo de una voluntad de exhaustividad que hace la lectura algo repetitiva aunque apasionante y con unas conclusiones claras: las “fuerzas de izquierda” fueron responsables “de forma abrumadora” del inicio de “las acciones y movilizaciones con derivaciones violentas” y los gobiernos de Azaña y de Casares Quiroga no supieron gestionar con garantías y equidad el orden público.

Existen tres grandes problemas que ponen en cuestión el conjunto del estudio y que lastran sus conclusiones. En primer lugar, los sesgos. Queda reflejado en el lenguaje para referirse tanto a los compañeros como a los propios protagonistas. Así, aquellos investigadores que ofrecen interpretaciones discrepantes son tachados de “historiadores obsesionados con rebajar los números de la conflictividad” o de “historiadores propagandistas ejercientes de tales”, mientras los coincidentes se agrupan bajo la etiqueta de “pluma cualificada”. Y qué decir de esos pobres pequeños y medianos campesinos que se “vieron empujados a una mayor intransigencia” o de aquel ambiente peligroso por “el solo hecho de ser fascista, o parecerlo”. Es lógico, porque enfrente se encontraban los “comunistas y socialistas exaltados” con sus dirigentes, que además se procuraban entre sí un “odio africano”, sin que figure definición alguna de tan geográfico sentimiento.

En segundo lugar, lo errático de su metodología. Afirman haber aplicado un método que les garantiza la máxima objetividad. Esto es, el análisis de la primavera de 1936 como “una entidad diferenciada”, sin justificar lo sucedido en los años anteriores y “como si la Guerra Civil nunca se hubiera producido”, “sin etiquetar a los personajes en función de sus comportamientos después del 17 de julio” y atendiendo, por lo tanto, “a las fuentes emitidas en el momento”, entre las que destacan “un centenar de órganos de prensa”.

Deben identificarse al menos dos importantes objeciones. Por una parte, los autores se reservan la potestad de determinar cuáles son “los periódicos más moderados y profesionales del momento” y cuáles no, lo que añade una dificultad más a la ya discutible utilidad de la prensa como fuente totalmente fiable. De la misma manera, cuando se trabaja la correspondencia y las memorias de personalidades conservadoras se habla de “percepciones construidas a partir de experiencias sufridas en carne propia”, sin importar las menciones a los “instintos de hiena” y al “crecimiento animal” que se aplican a los adversarios, o que el hijo de Sanjurjo pinte un panorama desolador del país para luego reconocer que Barcelona, su lugar de residencia, “está tranquilísimo”. Por el contrario, en fuentes similares, ante percepciones de normalidad tras la victoria electoral de la izquierda, se puntualiza inmediatamente que “la realidad era bien distinta”.

Segunda objeción. Si resulta acertado eliminar de la ecuación analítica la guerra civil —aunque el lector sabe bien que tuvo lugar—, dicha premisa no se aplica cuando los autores utilizan las memorias de posguerra de los dirigentes republicanos y socialistas, en las que se despedazan alegre y africanamente entre sí. En el mismo sentido, difuminar en el análisis la frustración acumulada ante el bloqueo de sus reformas iniciales y la desproporcionada represión por la insurrección en Cataluña y en Asturias —merecedora en cualquier caso de condena, al no haber respetado el resultado electoral y la alternancia de poder— es lo que permite explicar el proceso de sustitución de las corporaciones municipales de 1936 casi exclusivamente en términos de revanchismo. Algo que resulta además insatisfactorio para explicar la nula conflictividad en Cataluña —lo que permitió al nacionalismo catalán acuñar la teoría del oasis por contraposición a una España conflictiva por naturaleza—, a la que apenas se dedica atención.

A modo de ejercicio, sería interesante que los autores aplicaran su metodología a los años de la transición a la monarquía parlamentaria. En vista del notable grado de violencia política —atribuible en exclusiva a izquierda o derecha si nos permitimos seleccionar la prensa a la que otorgamos crédito—, y en vista de que no debemos guiarnos por el resultado posterior, la conclusión sería que el Gobierno Arias, pero también los de Adolfo Suárez, no supieron gestionar correctamente el orden público y que sus fuerzas y cuerpos de seguridad actuaron conforme a criterios ideológicos y no profesionales.

En tercer lugar, la mayor laguna del libro: la casi completa ausencia de cualquier perspectiva comparada. En este sentido, y en relación con el esfuerzo dedicado a integrar la trayectoria histórica española en un marco continental, el libro supone un cierto regreso al discurso de la excepcionalidad. Así, “todo tipo de paralelismos […] entre la situación española y lo que acababa de suceder en Alemania con la subida de Hitler” y “en Austria, en plena deriva autoritaria” se rechazan como “forzados a conveniencia”. Y también se descarta “una supuesta fascistización de la CEDA” sin más apoyatura que las propias declaraciones de Gil Robles, y aunque su propaganda electoral de febrero de 1936 hablara ya de una dialéctica de “España o anti-España” que remitía peligrosamente a conocidos teóricos del nazismo. La Francia del Frente Popular (1936-1938), que presenta unas cifras de violencia política durante este periodo bastante equiparables, es la otra gran ausencia comparativa.

Todo este debate se observa con atención desde el país vecino. Hasta el punto de que la Segunda República constituye el tema de historia de este año para las prestigiosas pruebas de la Agrégation de español: el examen que da acceso a la enseñanza en el ámbito superior y cuyo enunciado y bibliografía suelen marcar tendencia, como sucedió con Robert. O. Paxton y el régimen de Vichy. Tampoco es una casualidad.

Los historiadores galos se han dado cuenta de que la imagen de España y de su historia, y no es la primera vez, están siendo utilizadas por el revisionismo francés como globo sonda de cara a sus propias posibilidades. Si la crítica a la República española y la consiguiente justificación del golpe y la dictadura franquista calan en la opinión, la onda expansiva podría llegar hasta el Frente Popular francés. Así se lo podrá culpar —como ya intentó el mariscal Pétain con el Proceso de Riom (1942-1943)— de la derrota de junio de 1940, la que contó Chaves Nogales en La agonía de Francia. Así se explica la extraña atención que el diario Le Figaro, el mismo que en mayo de 1937 negaba el bombardeo de Guernica, prestaba hace un par de años a la traducción de la obra de un conocido revisionista. Como para fiarse ciegamente de la prensa moderada y responsable.

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