Benestar modificará la renta de integración social
Xunta, sindicatos y patronal firman 14 nuevas medidas en los ámbitos de trabajo, competitividad, infraestructuras y bienestar
ELa renta de integración social (Risga) se renueva y se reenfoca al ámbito laboral para conseguir una inclusión más efectiva de las personas que la perciben. La prestación cambia de nombre —releva integración por inclusión— elimina el máximo de cuatro años para cobrarla, integra incentivos económicos para quien cumpla un itinerario de formación y mantiene la aportación económica durante los seis primeros meses si la persona encuentra un trabajo. La modificación de la Risga se incluye en la reforma de la ley de inclusión social que prepara la Consellería de Traballo e Benestar y es también uno de los puntos pactados entre sindicatos —UGT y CC OO—, la Confederación de Empresarios y la Xunta dentro del marco del diálogo social. El texto conveniado por los tres actores, que se firmó ayer en Santiago, recoge 14 acuerdos a desarrollar, la mayoría de los cuales no pasan de intenciones vagas y genéricas.
La nueva Risga establecerá una “estrategia coordinada desde lo social al empleo para que el itinerario para salir de la exclusión sea único”, como explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La aportación básica que existe en la actualidad —399 euros por persona, que se complementa si hay hijos o mayores a cargo— será el tramo básico de la prestación, llamado personal o familiar. A partir de ahí los beneficiarios pueden acceder a un segundo tramo —a cobrar durante un año y prorrogable seis meses más— que se suma al anterior, el de inserción. Los servicios de Traballo serán los encargados de analizar las aptitudes para hallar empleo de los perceptores de la Risga, que, para acceder a este incentivo, tendrán que suscribir un convenio por el que se comprometen a recibir formación sociolaboral.
Además, existe un tercer tramo, el de transición al empleo, que se comienza a cobrar cuando el beneficiario consigue trabajo. El dinero se percibe durante seis meses, aunque la cantidad va disminuyendo durante el semestre. Entre el salario laboral y la Risga no se podrá percibir más de 865,89 euros al mes. Los dos nuevos tramos eliminan la penalización que había en la práctica con el anterior sistema a los beneficiarios que conseguían trabajos esporádicos y acciones formativas, ya que el dinero que ganaban se descontaba de su Risga, que podía incluso retirársele. Por ello, en algunos casos los beneficiarios renunciaban a empleos o los ocultaban a la Administración. El cambio está motivado por la “cronificación” de algunas situaciones de exclusión, así como por el hecho de que los beneficiarios se desvinculasen de los planes de inserción.
Entre los acuerdos del diálogo social se firmó la puesta en marcha este año de dos programas piloto de formación y contratación, uno dirigido a jóvenes sin cualificación y otro a desempleados de larga duración que hayan agotado las prestaciones, reciban la Risga o tengan más de 45 años, que combinarán contratos a tiempo parcial con acciones para mejorar sus aptitudes para el empleo. Las acciones en el ámbito laboral se completan con planes individualizados para parados menores de 30 años o demandantes de empleo que lleven más de 12 meses desempleados y no hayan recibido ninguna acción del servicio público de empleo.
A pesar de las autofelicitaciones de las partes por firmar esos 14 puntos, Feijóo tuvo que escuchar la petición de los sindicatos, por boca de los responsables de CC OO, Xosé Manuel Sánchez Aguión, y UGT, José Antonio Gómez, para dejar atrás la política de austeridad. “En Galicia hemos seguido una política de ajustes y tenemos parte de los deberes hechos. No hace falta seguir por ese camino”, reclamó Sánchez Aguión.
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