'La Pepa' y la escuela pública

Es sabido que el Estado Moderno, desde su aparición, intentó hacerse con los resortes de la educación, antes en manos de la familia y de la iniciativa privada, en un proceso por el cual progresivamente fue asumiendo funciones educativas y culturales. España no iba a ser una excepción. Basta con mirar el Discurso Preliminar de la Constitución de 1812, ahora que todos coincidimos en celebrar los 200 años de la Pepa: “El Estado, no menos que de soldados que lo defiendan, necesita de ciudadanos que ilustren a la nación y promuevan su felicidad con todo género de luces y de conocimientos. Así que uno de los primeros cuidados que debe ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública. Esta ha de ser general y uniforme (…), aparte de universal y gratuita”.

No obstante, si bien es cierto que el nacimiento y desarrollo del sistema educativo español está ligado a la construcción del Estado liberal, la configuración y articulación de nuestro sistema educativo guarda un estrecho paralelismo con la configuración y articulación del propio Estado español. Así, las insuficiencias y limitaciones históricas del sistema educativo español, singularmente de la educación pública, son, en gran medida, un reflejo de las insuficiencias y limitaciones del Estado construido por los liberales españoles. El centralismo, la debilidad de la acción nacionalizadora del Estado unida a su conocida tacañería en la inversión en educación, las insuficiencias del proceso de secularización de la sociedad española…., constituirían algunas de las razones históricas, y por ende remotas, de la debilidad de la escuela pública en España.

'La Pepa': "Uno de los primeros cuidados que debe ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública"

Sin embargo, no debemos obviar las razones más próximas de la debilidad de nuestro sistema escolar público. Sostengo que, más allá de lo prescrito en nuestro vigente marco constitucional –artículo 27 de la Constitución Española-, son las políticas educativas desarrolladas desde los poderes públicos españoles en las últimas cuatro décadas las responsables de la debilidad de la educación pública, una debilidad que se manifiesta en forma de una recurrente y tramposa dualidad enseñanza pública-enseñanza privada.

El espíritu de consenso de nuestra transición impregnó la redacción definitiva del citado artículo 27 de nuestra Carta Magna. La educación considerada como un derecho ciudadano fundamental, la apuesta por una red integrada de centros sostenidos con fondos públicos, que asegurase el ejercicio y el acceso a dicho derecho y el compromiso con la participación de todos los miembros de la comunidad escolar en la programación general de la Educación, constituyen los elementos básicos del marco constitucional de la educación española. Un marco descrito así por José María Maravall, Ministro de Educación entonces: “Un sistema educativo integrado que asegure el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades; una enseñanza en libertad que fomente la elección de los padres, el pluralismo del sistema, los derechos y libertades exigibles en el seno de los centros, una educación en la que la norma sea la participación de todos los miembros de la comunidad escolar”.

"Hubiese sido esperable que los poderes públicos del Estado hubiesen asumido que son los titulares de una parte de los centros escolares"

A partir de ese marco constitucional, hubiese sido esperable que los poderes públicos del Estado español no se hubiesen limitado a “estar au-dessus de la melèe” (la tramposa equidistancia de las Administraciones en la dualidad pública-privada), para “estar a la altura de las circunstancias”, es decir, que los poderes públicos hubiesen asumido, de manera explícita y visible, que son los titulares de una parte de los centros escolares de aquella red integrada, a la que se refería el exministro Maravall, implementado un conjunto de políticas (las promesas implícitas en nuestro marco constitucional) que hubiesen fortalecido, esta vez sí, la escuela pública: a) Compromiso con el mantenimiento sostenido durante los próximos 15 años del actual esfuerzo inversor en educación, combinado con la revisión de las partidas del gasto público en esta materia a fin de dirigirlo de acuerdo con los principios de equidad y mérito; b) Promover una cultura del logro que impregne la escuela pública en su conjunto, orientándolo abiertamente a la excelencia y la equidad en los resultados; c) Capacidad de decisión de escuelas y profesores de acuerdo con un modelo que combine retos ambiciosos y grandes apoyos para todos ellos; d) Proporcionar la información necesaria a escuelas y profesores (la docencia una profesión rica en conocimiento) para que sean capaces de facilitar la mejor instrucción a cada estudiante y la intervención pedagógica adecuada, de modo que ningún alumno se quede atrás y ningún talento se malogre; e) Evaluación sistemática de centros y pilotaje de los mismos, con vistas a la intervención pública inmediata a fin de asegurar un nivel satisfactorio de resultados para todas las escuelas públicas, y f) Habilitar un sistema de acceso a los centros sostenidos con fondos públicos comprometido con la escolarización equilibrada de los alumnos con más necesidades y con la libertad de las familias para elegir la escuela que consideran más apropiada para sus hijos.

Un conjunto de políticas, promesas educativas largamente incumplidas, cuya ausencia explica la fragilidad de nuestra educación pública, una fragilidad que no deriva de la existencia de una red de centros privados acogidos al régimen de conciertos educativos –por cierto, una especificidad española que compartimos con Malta, Bélgica o Dinamarca-, sino de la incapacidad de los poderes públicos españoles por actuar como titulares visibles y responsables de las escuelas públicas. Esa es la auténtica razón de la fragilidad de nuestra educación pública, una fragilidad que no resulta sostenible por más tiempo. Al respecto, sería deseable que esa anomalía fuese corregida con la mayor rapidez, ya que, de lo contrario, nada sería más legítimo que alguien reclamara la revisión integral del tramposo (por incumplido) artículo 27 de nuestra Carta Magna, ahora que celebramos el 200 aniversario de la Pepa.