CiU y el PP se resisten a adelgazar la Diputación de Barcelona

“Me comprometo a ejercer la presidencia de la Diputación de Barcelona con transparencia […] y también con austeridad”: palabras que acostumbran a ser un recurso habitual en todo discurso y que siempre quedan bien. En este caso, es el compromiso del alcalde de Martorell, Salvaldor Esteve, cuando tomó la vara del organismo hace ayer un año. El gobierno provincial (formado por CiU y el PP) presume de haber reducido en seis personas una cúpula directiva formada por más de 150 cargos y ahorrar así un millón de euros. Pero también se han creado dos tipos de cargos nuevos y se ha ampliado el cupo de eventuales de 47 a 65.

La Diputación de Barcelona, hasta hace un año monopolio del PSC, aspira a convertirse en la gallina de los huevos de oro de CiU (que ha recuperado las riendas del poder catalán, pero con una Generalitat sin recursos) y del PP catalán, que se ha estrenado en el gobierno de este organismo. La institución, con un presupuesto de 588 millones de euros (el 4,3% menos que el año pasado), destina una tercera parte, 213 millones (un 1% menos) a los sueldos de 4.500 trabajadores. Aquí se incluyen los 14 millones de las nóminas de la cúpula directiva, formada por 150 personas, entre las que hay cargos electos, eventuales (designados a dedo) y altos funcionarios.

El portavoz de CiU y diputado adjunto a la Presidencia, Joan Carles Garcia, defiende que este año el grueso de los cargos directivo se ha reducido en seis personas respecto a la etapa del tripartito y que las áreas de gobierno han pasado de 12 a cinco. “Ha habido un cambio de organización, pero no una reducción de la estructura”, critica Antoni Fogué, expresidente de la Diputación, del PSC. Se ha diseñado un paraguas de media docena de ámbitos, pero por debajo se expande una subestructura compleja llena de ramificaciones que emula la existente hasta ahora. De hecho, el gobierno provincial, formados por partidos defensores acérrimos de la simplificación administrativa, ha creado dos nuevos cargos: el de “coordinador de ámbito” y el “coordinador de materia”. Un ejemplo de la maraña estructural es el área de Desarrollo Económico. Desde su máximo responsable (Alberto Fernández Díaz, PP) hasta el gerente de Deportes (un puesto técnico) hay tres cargos políticos y tres coordinadores de diferente rango (personal eventual). Y dos de ellos corresponden a estas categorías de nueva creación: “materia” de Comercio y Deportes, y “ámbito” de Deportes.

Iniciativa (ICV-EUiA) cree que lo más grave es que esta estructura “no es operativa”. “CiU y el PP no conocían la Diputación y se han dedicado a ejercer el control político mientras cargos técnicos realizan la gestión”, critica el ecosocialista Arnau Funes. Las prometidas tijeras no han pasado por la bolsa de personal eventual o cargos de confianza, que, con los políticos, son los que disfrutan de unas nóminas más generosas, en una Diputación ya famosa por sus elevadas retribuciones (entre 50.000 y más de 100.000 euros anuales).

El número de estos cargos no se ha reducido, sino al contrario. Al poco de iniciar su mandato, Esteve aprobó contar con un máximo de 47 eventuales (los socialistas tenían medio centenar), pero el cupo se elevó en diciembre a 65. El portavoz de CiU apunta que ahora hay 52 cargos de confianza y que no está previsto “llegar a 65”. El portavoz del PP, Alberto Vilagrasa, pide un tiempo de aclimatación a la Diputación y admite que aún “hay que hacer un estudio detallado de los servicios”. Eso sí, Vilagrasa no habla de reducir estructura, sino de “maximizar esfuerzos para dar mejor servicios”.

La oposición acusa al gobierno de no tener un plan de mandato, habitual en la Administración y “necesario en la extraordinaria situación económica”, dice Fogué. Los responsables de la Diputación dicen que el plan existe, “pero no es público”, y declinan facilitarlo.