“Soy Javier Guerrero. Ahora necesito tu ayuda”

La esposa del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, en prisión preventiva desde el pasado día 10 de marzo por su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha enviado un mensaje de texto desde el teléfono móvil de su marido a su círculo de amigos y conocidos para que le ayuden a pagar los 250.000 euros de fianza que ha fijado la juez Mercedes Alaya para que pueda salir en libertad provisional. En este sentido, el abogado de Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, ha informado de que la mujer del imputado, que dispone de su teléfono móvil desde que éste entró en la cárcel de Sevilla-I, ha remitido un SMS a todas las personas incluidas en la agenda de contactos del teléfono en el cual dice "Soy Javier Guerrero. Ahora necesito tu ayuda", tras lo que detalla la cuenta de La Caixa donde pueden hacer el ingreso y concluye diciendo "guarda el resguardo del ingreso para devolverte el dinero. Pásalo".

"No es algo a fondo perdido", ha dicho el letrado del imputado, quien ha señalado que la cuenta bancaria se ha abierto esta misma semana al objeto de reunir los 250.000 euros en metálico que le hacen falta a su cliente para pagar la fianza establecidapor la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ya que Guerrero, que tiene todas sus cuentas y propiedades embargadas, no dispone de esa "elevada" cantidad, motivo por el que continúa en prisión.

En un auto, la juez Mercedes Alaya decreta de oficio la libertad bajo fianza de Guerrero, en primer lugar, "por elemental principio de equidad y equilibrio entre las partes, presuntamente corresponsables de los hechos que se investigan", todo ello tras el auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en el que decreta la libertad bajo fianza de 450.000 euros del exconsejero de Empleo de la Junta, "bajo cuyas órdenes estuvo" el propio Guerrero. En segundo lugar, la magistrada dice que Guerrero "lleva privado de libertad varios meses, y aunque existen sólidos indicios de su participación en los hechos especialmente graves que se le imputaron en su día, debe reconocerse que, en comparación" con los responsables de la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Trabajo que han declarado con posterioridad, las aportaciones de Guerrero "han sido las más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa".

La juez dice que "esta situación en conjunto debe ser valorada, pues, de un lado, deben imponérsele los mecanismos necesarios para asegurar que no va a tratar de eludir la acción de la justicia, pero tampoco debe mantenerse sine die, como desde el inicio era pensamiento de esta instructora, la situación de prisión provisional" de Guerrero, "aunque en el momento en el que se adoptó, tal y como ocurrió en el caso de Fernández, se consideraba una medida necesaria porque cumplía los fines constitucionalmente legítimos expresados en el auto de prisión y porque era adecuada a la instrucción de la causa y a su no entorpecimiento".

Así, "y una vez que estos riesgos disminuyen por el avance o desarrollo de la investigación, debe aminorarse la intensidad de la medida con la fijación de una fianza, entre otras cautelas", asevera la magistrada, que argumenta que para determinar la calidad y cantidad de la fianza "se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado, y las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de este para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial".

Al hilo de ello, señala que, por un lado, "hay que ponderar la especial gravedad de los hechos imputados, que por sí solos determinarían un evidente interés en sustraerse a la acción de la justicia, y de otra, la situación económica en la que suponemos (por el conocimiento que se tiene de la causa) puede encontrarse Guerrero, pues si solamente atendiéramos a la gravedad de los hechos, la fianza señalada podría hacer ilusoria la probabilidad de su puesta en libertad".

"Como quiera que entendemos que la situación económica de aquel no debe ser importante, y no es desde luego la misma de la que pueda disfrutar Fernández, por lo que resulta de la toma de declaraciones de ambos y de las propias actuaciones, incluso de lo que se evidencia de los respectivos letrados que les asisten, siendo patente que Fernández posee sin lugar a dudas, por lo que se vislumbra de la presente instrucción, de un mayor apoyo social (dicho esto en términos globales), entendemos que la fianza proporcionada a todas las circunstancias que se han valorado debe fijarse" en 250.000 euros, agrega la magistrada.

La magistrada envió a prisión a Guerrero imputado por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

También en la cárcel están el exconsejero de Empleo, que no ha podido reunir por el momento la fianza de 450.000 euros establecida por la Audiencia Provincial para poder abandonar la cárcel de Morón de la Frontera, y Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero a quien la Audiencia dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros.