Álvaro Gil-Robles estará en el comité para las víctimas de excesos policiales

La Comisión de Valoración que debe evaluar las reclamaciones de las personas que aspiren a ser reconocidas como víctimas de vulneraciones de derechos humanos distintas de las ocasionadas por el terrorismo se constituye mañana en la sede del Gobierno en Lakua.

Entre sus integrantes destaca la figura de Álvaro Gil-Robles, que fue Defensor del Pueblo entre 1988 y 1993 y también el primer Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, una institución independiente radicada en Estrasburgo. En ese puesto permaneció hasta 2006. Gil-Robles y otro integrante de la comisión, el médico Carlos Martín Beristain, fueron propuestos por la ponencia parlamentaria constituida en la Cámara para estudiar la problemática de estas víctimas.

En esta primera reunión constitutiva, la comisión tiene ya previsto debatir una propuesta de reglamento para su funcionamiento interno y fijará también su calendario de trabajo para todo lo que queda de 2012.

El grupo comenzará a examinar los casos este mismo mes

La comisión va a celebrar una segunda reunión antes de que termine este mes, con la intención de empezar a estudiar antes de las vacaciones al menos una parte de las solicitudes que han llegado ya a la Dirección de Derechos Humanos.

Sus integrantes deben decidir en qué casos merecen la consideración de víctimas tal y como las contempla el decreto y las indemnizaciones o resarcimientos a los que tengan derecho.

El decreto que aprobó el Gobierno en junio para regular el reconocimiento y la atención a estas víctimas, en su mayoría causadas por actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y en algunos casos por elementos parapoliciales o de extrema derecha aislados, estableció un plazo de un mes para constituir la comisión, que su cumple justamente mañana.

Las víctimas que pueden acogerse a las previsiones de este decreto, reclamar su condición de tales y las compensaciones económicas que les correspondan, son las que se produjeron entre 1960 y la aprobación de la Constitución en 1978. En ese período de tiempo murieron 62 personas. Esa cifra incluye a los dos últimos fusilados del franquismo, Juan Paredes Manot (ETA p-m) y Ángel Otaegui (ETA-m). El Gobierno ha considerado que la abolición de la pena de muerte por la Constitución hace a sus familias acreedoras al resarcimiento por la aplicación de una legalidad impuesta por la dictadura.

Además de Álvaro Gil-Robles, los integrantes de la comisión serán la propia directora de Derechos Humanos, la ex juez Manuela Carmena, a la que el Gobierno fichó para redactar el decreto, y el historiador de la UPV José Antonio Pérez, ambos a propuesta de esa dirección.

La Dirección de Víctimas del Terrorismo, que nombra a otro miembro de la comisión, ha elegido a Txema Urkijo. Mónica Hernando, del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz y miembro de Unesco Etxea, representa a grupos de la sociedad civil implicados en la defensa de los derechos humanos.

Carlos Martín Beristain es médico, doctor en psicología y profesor del máster europeo en ayuda humanitaria. Fue coordinador del informe Guatemala Nunca Más y es autor de varios libros sobre la atención psicosocial y el trabajo con víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

José Antonio Pérez es investigador de la dictadura franquista, entre otros aspectos en materia de represión y violencia política. Forma parte del consejo de dirección del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y coautor de varios libros relacionados con la memoria y las víctimas.

El Foro de Asociaciones al que pertenece Mónica Hernando es una asociación de varias entidades que se unieron en marzo de 2007 con la finalidad de estabilizar un trabajo en pro de la consolidación de una cultura de paz y de promoción de los derechos humanos en Euskadi.