Oraciones con dinero público

Su presencia en los hospitales, más allá de íntimas convicciones de fe, engorda los gastos del Sergas en tiempos de recortes que los gestores de las cuentas públicas califican de dolorosos a los cuatro vientos. La condición de los sacerdotes en los centros sanitarios no ha variado desde 1995, año en el que José Manuel Romay Beccaría, entonces conselleiro de Sanidade, y Xosé Gómez González, obispo de Lugo y representante de las diócesis gallegas, firmaron el convenio marco para la asistencia religiosa católica en los hospitales públicos. Este es el acuerdo que rige en la actualidad las relaciones entre el Sergas y la Iglesia y el que en 2010, el último ejercicio del que la Xunta ha ofrecido datos, permitió financiar con 750.000 euros los servicios religiosos de 55 curas a los pacientes de los hospitales públicos y de sus familias. A qué cantidad llega la partida de 2012 es una incógnita: ni la Xunta lo especifica en sus presupuestos ni el Sergas ha facilitado la cifra tras la petición de este diario, como tampoco aclara si la plantilla de sacerdotes ha sufrido los recortes de los que se duelen los políticos en cada nuevo hachazo a los servicios públicos.

Tampoco tiene esos datos el PSdeG, aunque los solicitó en repetidas ocasiones durante más de un año; la única información con la que cuenta el principal partido de la oposición es el convenio de 1995, que los diputados José Manuel Lage Tuñas, Silvia Fraga, Modesto Pose y Dolores Rodríguez Amoroso solicitaron al Parlamento a principios de año. El documento, que tampoco anuló la Xunta del bipartito —de hecho, lo prorrogó cuando finalizó su vigencia en 2005—, establece en su primera cláusula que el Sergas debe “hacer efectivo el derecho garantizado por el convenio firmado entre el estado español y la Santa Sede con fecha de enero de 1979 a la asistencia católica de los enfermos católicos internados en los centros de la red pública hospitalaria de la comunidad autónoma de Galicia”. Esta ayuda católica consiste, según el acuerdo, en la visita a los enfermos y el asesoramiento en cuestiones “religiosas y morales”, la celebración de los actos de culto y la administración de los sacramentos y la colaboración en la “humanización” de la asistencia hospitalaria. Aunque la Xunta no aclara cuántos curas mantiene en la actualidad en las clínicas públicas, la figura del capellán está presente en centros de toda Galicia, desde hospitales comarcales como el de Burela a otros de mayor tamaño, como el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

La Xunta pagaba en 2010 los salarios y las cotizaciones de 55 sacerdotes

El acuerdo que se han dado Sergas e Iglesia acota las obligaciones de cada parte y fija la condición de personal laboral fijo de los capellanes, que están sujetos al régimen jurídico y económico del resto del personal laboral de la Xunta. A las respectivas diócesis se les encomienda la tarea de hacer efectivos los pagos de los salarios y la Seguridad Social de los sacerdotes, pero el dinero viene del Sergas, que es el que abona las retribuciones y las cuotas a los obispados cada tres meses. Pero el Servicio de Asistencia Religiosa Católica, que el convenio resume bajo las siglas SARC, no incluye solamente el coste laboral de los capellanes; cada año, las gerencias de los hospitales están obligadas a elaborar un proyecto de presupuesto que tenga en cuenta las necesidades materiales del servicio, “dentro de las disponibilidades presupuestarias”.

El mantenimiento de la asistencia religiosa encuentra la crítica de los socialistas que, a la dificultad de conocer el gasto actual del servicio y el número de sacerdotes repartidos por los hospitales públicos, suman los recortes ya consumados en servicios básicos. “Al mismo tiempo se recortan profesores o personal sanitario en los centros de salud y en los centros hospitalarios”, lamenta Lage Tuñas, que pedirá al gobierno que explique en el Parlamento los gastos del Sergas en esta partida.