La Cámara allana el camino para que el Gobierno ‘haga caja’ con Euskaltel

Han pasado 15 años desde que el Gobierno, en manos del PNV, comenzase a alquilar a Euskaltel de forma exclusiva la red de fibra que canalizó por toda Euskadi. El Ejecutivo socialista ha obtenido hoy la autorización del Parlamento para vendérsela parcialmente a la operadora y hacer caja con una infraestructura que ha dado a la firma la ventaja competitiva que Telefónica tuvo, una vez privatizada, en el resto de España con la red construida cuando era pública.

Los tres partidos mayoritarios de la Cámara —PNV, PSE y PP— dieron luz verde a la venta en la Comisión de Economía, dentro de una operación más compleja que lleva aparejada la práctica salida del Gobierno de la firma de telecomunicaciones. Ello le reportará al Ejecutivo los 68 millones de euros que la operadora pagará en acciones por la red troncal, más buena parte de los más de 60 millones en los que está valorada su participación del 7,45% en el accionariado de la compañía. “Nos ayudará a mantener las políticas sociales”, aseguró la socialista Txaro Sarasua. El Ejecutivo quiere dedicar este dinero a hacer frente a la crisis.

Todas las partes salen ganando, sostuvieron los representantes de esos tres partidos, mientras EA y Aralar se opusieron frontalmente. El Gobierno logra unos ingresos que van a venirle muy bien en un escenario de caída permanente de la recaudación; Euskaltel da a sus activos un valor extra a la hora de lograr inversores que le echen una mano en la encrucijada en la que le han metido la crisis y la multa de 222 millones de euros que tiene que pagar a Orange. Y además, Kutxabank.

El PNV destaca que entre Kutxabank y el Ejecutivo seguirán sumando mayoría

El banco fruto de la fusión de las tres cajas posee el 67,93% de las acciones de Euskaltel y está obligado a vender al menos hasta quedarse en el 49% para no verse penalizado por las normas de contabilidad europeas. A día de hoy tiene dos ofertas sobre la mesa que caducan el 30 de septiembre, y de ahí las prisas por convocar a la comisión en agosto para que la Cámara diese su preceptivo visto bueno. La primera es de Apax, una sociedad de capital riesgo que ha tenido participaciones en Vueling, Jazztel, Everis y Panrico; la otra, del fondo de inversiones Trilantic, que participa en Talgo.

El Ejecutivo controla otro 7,45% de la operadora a través de EITB y del EVE. Con las acciones que recibirá por la venta parcial de la red troncal elevará su participación hasta el 15,83%.

A partir de ese momento, las acciones del Gobierno, que no alberga ningún interés en quedarse con más del 2%, y las de Kutxabank, obligado a tener menos del 50% para no acabar penalizado, pasarán a un inversor nuevo de referencia que podría llegar a hacerse con un paquete del 32%.

El portavoz del PNV, Ricardo Gatxagaetxeberría, aseguró que el centro de decisión de Euskaltel “seguirá en Euskadi porque entre Kutxabank y el Gobierno tendrán mayoría” en el accionariado.

Si para el PNV la operación no altera su concepto de país, para el PP se trata de una simple venta que devuelve al sector privado lo que siempre tuvo que ser suyo. Aralar y EA sostuvieron que la venta conlleva pérdida de patrimonio público y la renuncia al control, tutela y seguimiento de la actividad de la compañía por las Administraciones.

Ambas formaciones consideran especialmente criticable la venta a Euskaltel de una red de telecomunicaciones que fue “pagada con los impuestos de todos los ciudadanos. La operación abre la puerta a que el centro de decisión de la compañía salga de Euskadi” criticó Juanjo Agirrezabala, de EA.

El Gobierno vasco se queda con 282 kilómetros de los 469 de la red troncal, con el 23% de lo que se denomina la red de las capitales, y con el 15% de los nodos. Fuentes de Economía mostraron su satisfacción por el consenso mayoritario alcanzado en la Cámara para sacar adelante la operación.