El fiscal asegura que irá hasta el final con la demanda de las preferentes

La Fiscalía Superior de Galicia no se rinde. Y está decidida a luchar “hasta el límite de los recursos y del ordenamiento jurídico” por los derechos y devolución de los ahorros de los afectados por las participaciones preferentes, afirmó ayer el fiscal jefe, Carlos Varela. Así se lo dijo también en una reunión con las plataformas que representan a los más de 43.000, hasta la fecha, perjudicados en Galicia por esos productos bancarios de alto riesgo, comercializados por las principales entidades bancarias. La mayoría de los afectados compró participaciones a las dos antiguas cajas gallegas —posteriormente fusionadas en lo que hoy es Novagalicia Banco— que vendieron participaciones por un valor global de 1.000 millones de euros.

El Ministerio Público confía en que prospere su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña contra el auto de un juzgado de esa ciudad, emitido la semana pasada, que rechazó admitir a trámite la mayor parte de su demanda colectiva que engloba a 1.700 afectados por preferentes emitidas por las antiguas cajas gallegas, hoy integradas en Novagalicia Banco. De “excesivamente restrictiva” tachó ayer Carlos Varela la interpretación de la normativa que hizo el titular del Juzgado número 11 de A Coruña para desestimar esa denuncia. Varela recalcó que cuenta con el pleno respaldo y especializado asesoramiento de la Fiscalía General del Estado así como de muy recientes normas europeas sobre derechos de los consumidores para intentar revocar en la Audiencia Provincial ese primer revés judicial.

Para la Fiscalía de Superior de Galicia, no es suficiente que el juez sólo acepte “la acción de cesación”, es decir que haya un juicio —fijado para el 20 de diciembre, fecha que ahora se puede posponer hasta resolver el recurso de apelación— para que dejen de comercializarse ese tipo de productos tóxicos. Novagalicia Banco, desde que está presidido por por José María Castellano, ya dejó de colocarlos. Y el fiscal Varela defiende que la Justicia no puede “limitarse a decretar el cese de esos comportamientos” de las entidades financieras e impedir que se repitan “en el futuro”, sino además, como argumenta en su recurso, también debe anular los contratos de preferentes que son fruto “de esas prácticas abusivas” del banco gallego y “sus efectos”. Esto es, que los tribunales ordenen la devolución de los ahorros a los afectados.

Carlos Varela subrayó que avalan su tesis sobre el resarcimiento económico de los perjudicados precedentes muy recientes del ordenamiento europeo sobre protección de los derechos de los consumidores. Y en ello insistió también la Fiscalía General del Estado en una reunión hace unos días para unificar criterios de actuación ante la casi decena de procedimientos abiertos en los tribunales españoles por la gestión irregular de bancos y cajas.

Otra cosa es, y solo una vez que haya sentencia, explicó Varela, que los afectados por las preferentes acudan de nuevo a los tribunales ya de forma individual para reclamar indemnizaciones por el uso de su dinero en esos productos bancarios. Y si no hay fallo favorable a sus intereses o la Audiencia coruñesa no admite el recurso del fiscal, los perjudicados siempre podrán volver a intentarlo presentando denuncias individuales en los tribunales para reclamar sus ahorros, precisó el Ministerio público.

Pero Varela destacó ayer que tampoco está de acuerdo, y así figura en su apelación, con el juez coruñés que considera que la Fiscalía no tiene capacidad legal para presentar una acción colectiva. “Está plenamente legitimada por el ordenamiento jurídico tanto para pedir la cesación de esas prácticas abusivas como la nulidad” de los contratos, replicó Varela. Y recordó que una de las principales razones para agrupar en una única acción las demandas de 1.700 afectados es “evitar inflar Galicia de pleitos”.