Las sociedades científicas nacionales, también contra el plan de privatización

El rechazo a las medidas que contiene el Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de madrid, entre ellas, la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, sigue extendiéndose entre todo tipo de asociaciones y sociedades científicas. Las últimas en posicionarse han sido la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) y las tres sociedades nacionales de médicos de Atención Primaria (Semfyc, Semergen y SEMG). Ambas han enviado comunicados en los que rechazan el plan sanitario del Gobierno regional.

Facme, una federación de ámbito nacional que agrupa a 37 sociedades científicas, asegura que quiere "llevar a la opinión pública" algunas consideraciones sobre lo que considera "una propuesta de enorme trascendencia", es decir, "transferir al sector privado la gestión de un servicio público". La declaración, que fue aprobada en una asamblea general el pasado 28 de noviembre, señala que "la afirmación de que la gestión privada es más eficiente que la pública se fundamenta sobre premisas ideológicas, al no existir datos de comparación homogéneos entre ambas". Facme considera que, precisamente esa ausencia de estudios es, "en sí misma, una señal de alarma sobre la transparencia y rendición de cuentas de la gestión sanitaria pública". En resumen, "no se puede afirmar, con datos sólidos, que la gestión privada sea más eficiente o de mejor calidad que la pública, ni lo contrario".

Esta federación alerta también de que una decisión de esta trascendencia debe consensuarse: "No existen precedentes, en las democracias avanzadas, de tomas de decisión de la trascendencia que estamos comentando, sin que hayan sido sometidas a un debate público. No hay un Libro Blanco en el que se expongan los problemas existentes y las alternativas de solución; no se ha llamado a consulta a los agentes implicados; no se ha propuesto en un programa electoral; no existe, por tanto, legitimación técnica, social o política", concluye.

"La privatización de la gestión sanitaria pública, poniéndola en manos de empresas, algunas dependientes de los fondos de capital-riesgo, es una maniobra que puede comprometer seriamente la capacidad de las administraciones públicas para hacer efectivas sus competencias de planificación y control", continúa el escrito. Las propuestas de privatización, afirma, "no pueden ser tratadas como políticas locales" y emplaza al Gobierno a garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio.

Las asociaciones científicas hacen un "llamamiento" a las partes para que "se imponga la negociación"

"Exigimos ser consultadas [las instituciones que firman la declaración] para el diseño y la puesta en práctica de las reformas necesarias", aseguran. Unas reformas necesarias, pero "siempre con rigor y profesionalidad". Finalmente, Facme hace "un llamamiento" a las partes para que "se imponga la negociación" y así evitar "el deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria, el quebranto de la formación de nuestros estudiantes y residentes y el desmoronamiento de nuestro tejido investigador".

Las sociedades de atención primaria califican las medidas del Gobierno regional de "arriesgadas" y "de eficacia dudosa para el fin que supuestamente persiguen". En el caso concreto de la privatización de la gestión de los centros de salud afirman: "La oferta que se hace a los profesionales de participar directamente en la gestión de los centros es un brindis al sol, pues les obliga a la creación de estructuras asociativas que en la actual coyuntura económica representan aventuras empresariales de alto riesgo y por consiguiente difícilmente financiables". El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha explicado que su intención es que los profesionales creen sociedades mercantiles y opten a los concursos de manera preferente; de no presentarse, se adjudicarían a empresas del sector.

El único documento escrito en el que se detalla el plan regional es un texto de 11 páginas que no "detalla ni la asignación capitativa por paciente, ni los factores correctores a aplicar, ni las normas jurídicas a implementar sobre las relaciones laborales en las nuevas entidades...", señala el comunicado de las entidades. "La lectura de tan escueto documento induce irremisiblemente sentimientos de inseguridad legal, laboral y profesional", añade.

"Las medidas planteadas son arbitrarias y los ajustes presupuestarios una simple coartada para proceder a transferir la gestión de los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro", concluye el texto.