Boliden maniobra para evitar el pago por el desastre ecológico de Aznalcóllar

La enorme factura de la limpieza que provocó el desastre ecológico en Aznalcóllar (Sevilla) seguirá aún pendiente de pago durante muchos años. Y es que el laberinto judicial de Aznalcóllar sigue tan enrevesado como los últimos 14 años, desde que en 1998 se rompiera la balsa de la empresa sueca Boliden, propietaria de la mina y del embalse.

El Tribunal Supremo ordenó en primavera que la causa regresara a manos del magistrado que estudió por primera vez el asunto. Francisco Berjano, titular del Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, retomó el caso para empezar de cero tras cerrarse la vía penal y la contencioso-administrativa, en una batalla jurídica plagada de requiebros. Pues bien, ahora la firma ha pedido al magistrado que el caso pase a manos del juez de lo mercantil que instruye el concurso de acreedores, debido a que la filial española, Boliden-Apirsa, entró en suspensión de pagos en 2001. Y que la reclamación económica de la Junta (89 millones) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (43 millones) debería dirimirse en el juzgado que dirige las deudas de la empresa.

Ante la maniobra de la compañía minera, el juez Berjano ha dado traslado a las partes para que se pronuncien. Esto es, a la fiscalía y la Junta, principal actor perjudicado al reclamar 89 millones por su reparación de los daños ecológicos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. El Ejecutivo aún no se ha pronunciado al respecto, pero la Fiscalía de Sevilla ya se ha opuesto a la petición de la empresa, y considera que la causa debe permanecer donde ya lleva seis meses, en manos del juez Berjano, y no saltar al Juzgado 1 de lo Mercantil de Sevilla.

Cuando el pasado mayo el caso volvió al juzgado sevillano, la Junta le remitió a este toda la documentación actualizada: seis cajas y dos pilas de archivadores con miles de folios que detallan los trabajos de limpieza para paliar los daños causados por seis millones de metros cúbicos de residuos. El juez dio acuse de recibo, pero le exigió a la Junta que tradujera los documentos en un plazo de tres meses. Si no a los idiomas originales de las empresas matrices de Boliden (holandés y sueco), sí al menos al inglés como idioma reconocido por los convenios bilaterales de justicia.

Ante la petición, el Gobierno andaluz recurrió y alegó que consideraba necesario solo la traducción de la demanda, ya que la norma establece la traducción de los documentos que el juez considere “esenciales”. Es decir, ante el gran gasto de tiempo y dinero que supondría, el Ejecutivo pedía traducir solo unos 50 folios de la demanda, en vez del caso al completo.

Tras el recurso de la Junta por la traducción de los documentos, el juez dio en noviembre traslado a las partes y los abogados de la empresa aprovecharon para solicitar el cambio del asunto al juzgado de lo mercantil, aun dentro de la jurisdicción civil. Y es que tras la suspensión de pagos de 2001, se aprobó una quita del 99%. Por ahí pasa la estrategia actual de la empresa: Boliden considera que dada la quita, solo debería pagar el 1% de la reclamación, por lo que la deuda de las Administraciones, que suma 132 millones, quedaría reducida a solo 1,3 millones.

La solución del concurso de acreedores de Boliden (que asciende a 144 millones) podría haber llegado con el pleito que interpuso la firma contra la constructora de la balsa por su rotura, Dragados y Construcciones, por 248 millones, pero Boliden perdió la reclamación judicial.

Por si el laberinto judicial fuera pequeño, este prosigue en el concurso de acreedores, suspendido por la Audiencia de Sevilla cuando admitió a trámite los incidentes de impugnación de la lista de acreedores, entre ellos la Junta, la Confederación Hidrográfica, Hacienda y asociaciones de agricultores afectados por el vertido. “Para poder continuar y solucionar el embrollo el juzgado de lo mercantil tendría que alzar la suspensión del concurso, que los administradores concursales presenten su plan de liquidación, y que la Audiencia resuelva”, opinan fuentes del caso.

Los 14 años transcurridos no ha despejado la duda de quién debe pagar la factura como responsable del vertido. Y parece que va para largo. El juez ni siquiera ha aceptado aún a trámite la demanda seis meses después.