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Botella seguirá adelante con el desalojo de 116 familias para vender sus edificios

El Ayuntamiento ha conminado a irse ya al primer inquilino al que vencía su contrato, pero no ha pasado hoy a recoger las llaves

Elena Martí, Salva Martí y Ana María Esteban, vecinos de las viviendas afectadas.
Elena Martí, Salva Martí y Ana María Esteban, vecinos de las viviendas afectadas.SAMUEL SÁNCHEZ

Pese a que la inmobiliaria Renta Corporación ha renunciado a la opción de compra que había firmado con el Ayuntamiento de Madrid para hacerse con cinco edificios municipales, el Ayuntamiento de Madrid no ha renunciado a su intención de venderlo, y "probablemente buscará a otros compradores", pese a las protestas de las 116 familias que viven allí en régimen de alquiler a bajo precio y que serán consecuentemente desalojados.

Así lo ha anunciado esta mañana el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, una semana después de que la inmobiliaria anunciara su decisión de echarse atrás en el contrato firmado el 18 de octubre, lo le obliga a abonar 300.000 euros al Ayuntamiento a modo de compensación. El Gobierno municipal que lidera Ana Botella (Partido Popular) confiaba en ingresar 21 millones de euros con esta operación.

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Los edificios afectados están en la carrera de San Francisco (35 viviendas, valoradas inicialmente en 6,7 millones), la calle Embajadores (24, por 3,4 millones), la calle San Cayetano (52, por 7,3 millones) y la calle de la Madera (19, por 3,5 millones).

Izquierda Unida denunció la semana pasada que la inmobiliaria —de la que es consejero independiente el marido de Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP— había puesto a la venta ya en Internet el inmueble de la carrera de San Francisco por 8,2 millones, es decir, 1.5 millones más de lo que iba a pagar al Ayuntamiento. Y, según anunciaba, “libre de inquilinos”.

De esos 130 pisos, rehabilitados con dinero público, 116 están ocupados por familias que, aunque son viviendas libres, pagan un alquiler social por debajo del precio de mercado. Se les había negado la compra de sus viviendas, pese a que tenían ese derecho por contrato. El Ayuntamiento prometía realojarlos en otros pisos, lejos del barrio en el que llevaban viviendo media vida.

El líder municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha calificado de “abuso intolerable contra los vecinos” la decisión del Ayuntamiento de seguir adelante con la venta de los pisos. Según ha comunicado este grupo político, el inquilino de la calle de la Madera al que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo había conminado a entregar las llaves hoy, Javier Lasso de la Vega, ha sido informado de que su contrato no se prorrogará.

El Ayuntamiento le ha ofrecido ponerse en contacto con ellos si desea alquilar o comprar otra vivienda pública. Lasso de la Vega lleva 21 años viviendo en ese piso, y según afirma, tiene intención de no marcharse. Añade que, pese a que el plazo límite era hoy, no ha recibido noticia alguna del Ayuntamiento.

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, ha exigido por su parte a la alcaldesa, que “deje de dar problemas a los madrileños y a las madrileñas y se dedique a proporcionar soluciones”, conminándola así a desistir en el “desahucio institucional” que pretende, a su juicio, llevar a cabo. Lissavetzky ha repetido la propuesta que hizo hace un mes y que Botella se mostró abierta a estudiar para que el Ayuntamiento negocie con aquellos bancos que tengan viviendas vacías en la capital para ponerlas a disposición de los madrileños con problemas económicos “a cambio de un alquiler social”.

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