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Jornaleros compran peonadas para llegar al mínimo y cobrar el subsidio

Las patronales minizan estos episodios y les restan importancia

Un jornalero recoge aceitunas en la campiña sur cordobesa.
Un jornalero recoge aceitunas en la campiña sur cordobesa.f. j. vargas

En pleno siglo XXI, el campo andaluz sigue sufriendo problemas estacionales y coyunturales propios del siglo XIX. Sujeto a los vaivenes del clima, el trabajo de los jornaleros y los sueldos de sus peonadas varían en función del tiempo que pasan en los tajos. Pero si no cumplen un mínimo de horas en la faena, se enfrentan a un problema añadido: no cobrarán el subsidio cuando termine la campaña. En años como este, en el que la sequía primero y las lluvias mal repartidas después, han vuelto exigua la recogida de la aceituna, los cálculos de los braceros se vuelve una obsesión. Muchos no llegarán al mínimo de 35 peonadas exigidas. Y algunos tampoco a las 20 que el Gobierno ha accedido reducir para poder acceder a la ayuda. ¿La solución? Algunos compran esa peonada al agricultor para poder cumplir el requisito. Las patronales minimizan estos episodios y les restan importancia.

Pero la compraventa no parece ocurrir solo en la aceituna. En Córdoba, la semana pasada, los jornaleros de la naranja ponían fin a cinco días de huelga en la Vega del Guadalquivir. Protestaban, entre otras cosas, por el incumplimiento del convenio laboral en el campo, la explotación de trabajadores extranjeros y el abaratamiento del valor de la jornada. En su reunión con el subdelegado del Gobierno, Juan José Primó Jurado, no quisieron poner encima de la mesa el tema de la compra de peonadas. “Pero muchos de nosotros las vamos a tener que comprar”, reconocía uno de los portavoces. “En mi caso va a ser mi mujer porque ella solo ha trabajado dos días en dos meses”, se quejaba otro.

El problema de la escasez de peonadas para poder cobrar las ayudas se ceba especialmente con las mujeres, como reconoce un agricultor de la subbética cordobesa. “Es un tema de fuerza bruta. La opinión general es que no son buenas para acarrear fardos y se contrata mayoritariamente a hombres”. Es un fenómeno inverso al de la provincia de Huelva, donde los extensos cultivos freseros buscan especialmente a mujeres, apreciándose su trabajo más delicado con el fruto, pero también por su diligencia a la hora de acarrear trabajos pesados.

"Quien compra un jornal suele pagar lo mismo que hubiese cobrado", explica un agricultor

¿Se producen abusos con la compraventa de peonadas? “Yo creo que normalmente no”, dice el mismo agricultor, “porque el mecanismo es bastante sencillo. Alguien se acerca a un empresario que ya conozca de campañas anteriores; le explica que no llega al mínimo y éste le vende las peonadas, apuntándoselas”, señala el agricultor. ¿Y el precio? “Quien la compra suele pagar por la jornada lo mismo que hubiese cobrado del empresario si las hubiese trabajado realmente. Pero siempre puede haber alguien que lo venda más caro para sacar un beneficio…”, añade.

Al alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), no le constan estas prácticas en su pueblo, capital de la vega cordobesa y los cultivos de la naranja en Córdoba, aunque no descarta que “existan figuras no deseables que puedan quedarse con dinero en mano al actuar completamente fuera del convenio”. Ruiz Almenara ha seguido muy de cerca el reciente conflicto entre los jornaleros de su pueblo y los empresarios. Ha estado presente en las reuniones con el subdelegado del Gobierno en Córdoba. "Estamos instando a que se controle más y se ordene mejor la situación laboral entre los agricultores y los trabajadores. Y también la agroindustria, que tiene que dar satisfacción a los trabajadores, porque no podemos bajar los precios a base de bajar los salarios de los peones".

¿Qué soluciones se pueden plantear ante estas prácticas que muchos conocen pero prácticamente nadie denuncia? Una de ellas sería la reducción del número de peonadas imprescindible para tener acceso a las ayudas, considera un agricultor del olivar de Baena (Córdoba) consultado. Pero el alcalde de Palma del Río pide prudencia. Teme que un recorte así pudiera abrir la puerta a otras reformas “o recortes” no deseados.

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