El Síndic pide al Consell que unifique los criterios para la teleasistencia

El Síndic de Greuges de la Comunidad, José Cholbi, se ha dirigido al Consell para reclamarle que unifique los criterios de las diferentes administraciones públicas en la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria, según han anunciado hoy fuentes de esta institución en un comunicado.

También ha solicitado a la Consejería de Bienestar Social que dote de presupuesto un servicio que considera imprescindible por la gran importancia que tiene, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en atención a personas mayores y otros colectivos desfavorecidos.

Cholbi, como defensor del pueblo valenciano, abrió una queja de oficio para evaluar la repercusión y medidas previstas por las administraciones públicas implicadas, al objeto de "evitar la suspensión del programa, tanto a personas que ya venían siendo beneficiarias del mismo como a posibles nuevos beneficiarios", según la nota de prensa.

"La apertura de la queja de oficio tiene su justificación en la eliminación, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del presente año de la partida que el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad destinaba a la financiación del servicio de teleasistencia domiciliaria", añade el comunicado.

La supresión de esa partida afecta a los convenios que el Imserso suscribía con diputaciones provinciales y ayuntamientos de la Comunidad para la prestación de ese servicio. Según las mismas fuentes, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) comunicó a todas las administraciones públicas afectadas que se ponía fin a dicho programa con fecha 31 de diciembre de 2012. De esta manera, quedaba a criterio de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos la prestación del servicio.

Diputaciones

Cholbi reconoce el "tremendo esfuerzo" de las diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante para mantener el servicio a los usuarios atendidos en 2012, incluidos aquellos casos que excedieron de los establecidos en el convenio con el Imserso y la Femp.

En el comunicado se afirma que el Síndic de Greuges demandó toda la información del servicio de teleasistencia domiciliaria prestado por las administraciones públicas. A este respecto, indica la nota de prensa, "Cholbi ha conocido que para la Diputación de Castellón resulta imposible asumir el coste íntegro derivado de la prestación durante este año y descarta la posibilidad de establecer un sistema de prepago".

"Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón ha informado al Síndic que estudia posibles medidas para absorber los nuevos usuarios derivados del servicio que gestionaba el año pasado la Diputación Provincial, medidas que considera complejas", señala el comunicado.

Añade que la Diputación de Valencia "aumenta su presupuesto para este año, que pasa de cerca de 2.100.000 euros a algo más de 2.300.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Valencia asume como presupuesto propio la totalidad del coste del servicio para los 4.605 beneficiarios, aunque no concreta si podrá asumir nuevas altas que se produzcan este año".

Mientras, la Diputación de Alicante ha expuesto a Cholbi que "mantendrá la prestación del servicio como hasta la fecha, incrementando el presupuesto destinado a servicio de teleasistencia domiciliaria para este ejercicio por un importe superior al 1.200.000 euros".

De igual manera, el Síndic fue informado por el Ayuntamiento de Alicante de "la adopción de medidas de urgencia para asegurar la prestación del servicio inicialmente hasta el 31 de julio del presente año", según el comunicado.

Con toda esa información, Cholbi se ha dirigido a la Consejería de Bienestar Social para recomendarle que coordine las actuaciones de las distintas administraciones públicas para la unificación de medidas a adoptar respecto al citado servicio, al objeto de "evitar disparidad de criterios en cuanto a la definición e implantación del servicio en la Comunidad", y pide que se elabore un programa general único referido al servicio de teleasistencia en el que queden establecidas las bases y normas de acceso y prestación de servicio, así como los mínimos de calidad que han de cumplirse para garantizar su prestación en condiciones dignas y adecuadas.

También ha solicitado que arbitre las medidas necesarias para la elaboración de un plan de financiación concertado con las entidades locales que haga posible la viabilidad y estabilidad del servicio.