La plantilla de Ence amenaza con una huelga para frenar 39 despidos

El ERE que anunció la pastera Ence días después de declarar unos beneficios de 43 millones de euros afectará en principio a 144 trabajadores en sus tres plantas de Navia (Asturias), Huelva y Pontevedra, 39 de los cuales saldrían de la fábrica gallega. A falta de una última reunión esta semana, la sensación en la plantilla de la fábrica de Pontevedra es que la empresa no tiene intención de rebajar sus pretensiones y que la huelga es inevitable. Se plantean, de entrada, cinco días de huelga a partir del jueves y un posible paro indefinido posterior desde abril.

El presidente del comité de empresa en Pontevedra, Jesús Graña, va y viene a Madrid para ponerse de acuerdo con los de las otras dos plantas y plantar cara a la dirección. En lo que concierne a Lourizán, los 40 despidos supondrían que los empleos directos cayesen por primera vez por debajo de los 200 e impediría que la factoría fuese “operativa”, según sus cálculos. “A menos que tengan pensando ir hacia una subcontratación, eliminar de golpe estos puestos no sería posible”, argumenta Graña, que ve inviable ese recorte “tanto por seguridad del personal y las instalaciones como por motivos de producción”.

Tras declarar beneficios, la pastera se acoge a una de las cláusulas de la nueva legislación laboral, que abarata para las empresas sin pérdidas los despidos colectivos amparándose en las previsiones negativas. Graña cuestiona esos números. “El plan de producción para este año hablaba de 440.000 toneladas, pero en la documentación del ERE las rebajan a 400.000”, critica.

El anuncio de ERE tampoco casa con la estrategia publicitaria de Ence, que a la insistencia sobre la supuesta inocuidad de su actividad ha sumado la de su potencia como polo generador de empleo. “Siempre nos venden la continuidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos, pero ya estamos en 230 trabajadores. Es alarmante”, señala Graña.

Los despidos proyectados se suman a los intentos de movilización para evitar que se prorrogue la concesión a la instalación más allá de 2018, una posibilidad que se abrirá si se aprueba definitivamente la reforma de la Ley de Costas. La Asociación pola Defensa da Ría celebrará una asamblea esta semana, abierta a colectivos sociales locales, para movilizar a la población contra tal posibilidad. Y vuelve a la carga ante el Tribunal Superior para anular su permiso ambiental.