Las enfermeras, las más vulnerable ante las agresiones a sanitarios

Desde que la Fiscalía Superior de Andalucía recomendó en 2007 que las agresiones contra el personal sanitario pudieran considerarse un delito de atentado contra la autoridad, se ha multiplicado el número de sentencias condenatorias por esa causa. En el año 2009 solo se produjeron tres condenas por atentado; en 2012, ya fueron 21, según los datos aportados ayer durante la comisión parlamentaria de Salud y Bienestar Social por la consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE).

“Los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto”, se felicitó Montero. El año pasado se registraron 925 agresiones, 151 menos que en 2011. La mayoría (52%) ocurren en centros de atención primaria, aunque, en proporción a la actividad asistencial que acaparan estos centros (65%), hay más agresiones en los hospitales. Entre los profesionales sanitarios, son las enfermeras las que más sufren este tipo de episodios y entre los no sanitarios, los celadores.

Montero hizo ayer balance del plan de prevención de agresiones a profesionales del sistema sanitario público andaluz y anunció que su departamento está trabajando en cambios en el registro de agresiones a profesionales para proponer medidas de seguridad acordes a los problemas concretos de cada centro. El plan, que nació en 2005, fija un protocolo de actuación que recomienda a los trabajadores qué hacer ante una situación de violencia y ofrece asistencia psicológica y jurídica a los profesionales afectados, que puede ser incluso trasladados de centro.

Desde que se puso en marcha el plan, se han instaurado medidas de seguridad en los centros. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha invertido 160 millones de euros en la implantación de dispositivos tecnológicos, como timbres antipánicos, interfonos, teléfonos directos con seguridad, salidas alternativas y videocámaras de vigilancia en espacios abiertos. Además, algunas ambulancias cuentan con GPS y con timbres para avisar de posibles incidencias. Asimismo, hay 600 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios de mayor conflictividad. “Solo actúan cuando hay un problema real”, señaló Montero.

Durante la comisión parlamentaria, Montero respondió también sobre la situación de atención a los dependientes, una de las áreas que más están sufriendo los recortes de las distintas Administraciones. La consejera admitió que el ritmo de la atención a los nuevos dependientes se está “ralentizando” y culpó directamente de ello al Gobierno central, que ha recortado en 200 millones de euros el dinero que le correspondía a la Junta en aplicación de la Ley de Dependencia. “Tenemos que compensar la parte que el Gobierno no pone y es a consta de no poder aportar ese dinero para que nuevos beneficiarios entren en el sistema” afirmó la consejera.