Pacheco contrató asesores sin respaldo de los consejos de empresas de Jerez

“El asesor político es eventual y elegido a dedo por la autoridad laboral, que en ese caso era yo. Así era y así lo hice como primer teniente de alcalde y vicepresidente de las empresas municipales”. Esta frase pronunciada ayer por el histórico político andaluz Pedro Pacheco desde el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia provincial de Cádiz con sede en Jerez resume cómo se contrataba al personal de confianza en el Ayuntamiento de Jerez y sus empresas.

El exalcalde de Jerez y actual concejal de la oposición por Foro Ciudadano se enfrenta a 17 años de cárcel y 28 de inhabilitación absoluta por la colocación de dos compañeros de partido, Manuel Cobacho y Pepe López, en dos sociedades municipales entre 2005 y 2007. Ambos cobraron de las arcas públicas en ese tiempo más de 200.000 euros por labores de asesoramiento que, según denunció Anticorrupción, “nunca existieron”.

Pacheco enmarca las contrataciones “en los acuerdos políticos” del pacto de gobierno que selló con el PSOE cuando era líder del Partido Socialista de Andalucía (PSA). A partir de ahí, desconoce cómo se firmaron los contratos, cómo se efectuaban los pagos o si se llegó a dar cuenta a los consejos de administración de las empresas de la que estos asesores cobraban.

“Tras el acuerdo de gobierno (PSOE-PSA de enero de 2005) se aprobaban en el pleno municipal el número de asesores de cada partido y después se modificaban y ampliaban sin que esas ampliaciones tuvieran que ir a pleno. El PSA llegó a tener nueve y el PSOE, 16”, afirmó el político en el inicio de su declaración.

Pacheco señaló que se limitaba a dar la orden de contratación y del resto poco o nada conocía al considerar que eran “minucias” de las que se encargaban los técnicos. Preguntado por la fiscal y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento, el exalcalde jerezano admitió en sala que ignoraba si se habían firmado contratos escritos para esas incorporaciones o sí se habían aprobado en los consejos de administración de las sociedades municipales. “Me extraña que un vicepresidente no pueda contratar, pero no he consultado los estatutos de las empresas” o “no sé si el gerente de las empresas hace un contrato verbal o escrito” fueron algunas de las respuestas en sala de Pacheco, quien insistió en defender que los gobiernos tienen la potestad de designar asesores “a dedo”. “La norma de bolsa de trabajo no es para asesores políticos, eso es para obreros, carpinteros...”, explicó el edil.

¿Hicieron los dos contratados esas labores de asesoramiento por las que cobraron? No hay constancia escrita. Tanto Cobacho (secretario de organización del PSA en 2005) como Pepe López admitieron en la primera sesión del juicio que “despachaban” los asuntos de manera verbal sin que existieran informes redactados que acrediten su trabajo. Ambos relataron algunos de los proyectos en los que participaron, pero siempre “dando su opinión verbal” como “asesor político”.

Pepe López, actual concejal del Ayuntamiento y diputado provincial por Foro Ciudadano, fue contratado por Pacheco como asesor de la sociedad mixta Speed Festival siete meses “con un contrato verbal”. Cobró siete facturas por valor de 4.600 euros mensuales. Posteriormente fichó como asesor de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa) con “un contrato mercantil” que le suponía unos ingresos mensuales de igualmente 4.601 euros. López “despachaba a diario” con Pacheco en la Gerencia Municipal de Urbanismo, pero no consta soporte documental de su trabajo.

López era autónomo y administrador único de una empresa de reparaciones así es que pidió que su contrato como asesor fuera mercantil. Declara que solo dedicaba a su empresa el 10% o 15% de su tiempo y para Pacheco era suficiente. “Él estaba dedicado en cuerpo y alma a Pacheco. Si dedicaba el 10% de su vida a otra cosa, me importa un pito. Para mí es dedicación exclusiva”, afirmó el exalcalde en la audiencia.

Cobacho fue contratado por Pacheco en la empresa municipal de suelo (Emusujesa) entre el 23 de febrero de 2005 y el 20 de abril de 2007. Cree recordar que cobraba “unos 2.500 euros mensuales”. Vivía en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y en esos dos años fue a la empresa de la vivienda “tres o cuatro veces” y a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) donde tenía despacho Pacheco “un mínimo de tres o cuatro veces por semana”. Afirma haber participado como asesor en el PGOU y en múltiples reuniones para propiciar la llegada de inversores en la ciudad, aunque admite que nunca elaboró informes escritos sobre su trabajo.

El juicio se prolonga hasta el viernes con las pruebas documentales y la declaración de testigos.