Los mitos del PER se derrumban

"Sin el Plan de Empleo Rural (PER) tendríamos mucha menos gente en nuestros pueblos porque habría tenido que emigrar". Enrique Puñal, veterano alcalde de Los Cárcheles (Jaén) por el PP ha sido testigo de la transformación de su municipio en las dos últimas décadas. La pavimentación de las calles, la red de abastecimiento y saneamiento, la construcción de parques, naves industriales y otras infraestructuras básicas se han hecho posible gracias a la inversión de poco más de 1,6 millones recibida desde 1997 por esta localidad de apenas 1.500 habitantes de la Sierra Mágina jiennense.

Como le ocurre a más de 300 pueblos en toda Andalucía, Los Cárcheles no tiene más sustento económico que el monocultivo del olivar. Por eso, el millar de jornales que cada año se generan en el PER —ahora denominado Profea— resultan vitales para mantener la población. “Es el pilar fundamental del desarrollo para los pequeños municipios”, abunda Gonzalo Rus, alcalde de IU en Lupión, una localidad de poco más de 900 habitantes en el centro de la provincia jiennense.

El Plan de Empleo Rural tendrá este año una inversión de 215 millones

El PER, un programa anual de inversiones creado en el año 1984, goza hoy de la aprobación de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque siga siendo tema recurrente de los ataques que la comunidad recibe desde el exterior. Ataques que, casi siempre, están basados en el desconocimiento sobre la realidad del medio rural. Así, el PER va a tener este año una inversión de 215 millones. Pero un coste que, frente a lo que se cree erróneamente, llega a ocho comunidades autónomas: Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla-León, Canarias y Andalucía, que es la que más recibe con 147,7 millones.

Los jornales que los trabajadores eventuales agrarios (unos 500.000 en Andalucía) echan en el PER es lo que da derecho al cobro de la prestación mal llamada subsidio agrario y a la renta agraria, creada en 2003. Pues bien, el coste anual del subsidio y la renta agraria apenas supera los 700 millones de euros, un gasto que supone poco más del 2% de todo el gasto nacional de desempleo, que supera los 32.600 millones anuales.

En febrero de este año cobraron el subsidio y la renta agraria 132.034 personas, frente a los más de tres millones de perceptores del desempleo en todo el país. En Andalucía y Extremadura, las dos comunidades que concentran el 67% de todos los eventuales agrarios del país, solo lo cobran el 23,12% de todos los que, potencialmente, tienen derecho.

132.034 personas cobran el subsidio agrario y 3.000.000, el paro convencional

Los trabajadores que acreditan 35 peonadas (este año 20 tras la rebaja del Gobierno por el impacto de la sequía) reciben una prestación de 426 euros durante seis meses (la media del desempleo contributivo es de 860 euros). Al cabo de un año, los trabajadores reciben unos 2.556 euros, una cantidad que se duplica en el caso de los mayores de 52 años. No obstante, teniendo en cuenta que cada mes hay que cotizar 86,70 euros (el conocido sello agrario) la renta media disponible de los peones agrarios ronda los 1.500 euros al año. “¿Alguien se cree de verdad que, con ese panorama, un trabajador va a rechazar un empleo? Si lo dicen es por desconocimiento o por mala fe”, se pregunta y se replica el socialista Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, provincia que tiene casi el 10% de todos los eventuales agrarios del país.

“De Despeñaperros hacia arriba se desconoce todo lo del PER y por eso nos califican de pedigüeños”, apunta Reyes, contrariado por el hecho de que el coste global del PER y el subsidio y la renta agraria (unos 900 millones anuales) apenas suponga el 15% de lo que cada año se llevan el 6,5% de los agricultores de más rentas de fondos europeos (6.000 millones).

Reyes lidera en las últimas semanas la ofensiva de ayuntamientos, sindicatos, partidos y otros agentes andaluces para reclamar al Gobierno de la nación un plan especial de empleo ante la constatación de que muchos jornaleros no podrán reunir las 20 peonadas necesarias para cobrar el subsidio.