Jornaleros en tierra de nadie

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT, que agrupa a la organización de obreros del campo SOC) reclaman una propiedad del Ejército y, una semana antes, marchan contra 20 familias de compañeros del sindicato que optan a la titularidad de las tierras que trabajan desde hace décadas en Sierra de Yeguas (Málaga). Critican las políticas de subvención (“las limosnas gubernamentales que los distintos gobiernos ofrecen a los jornaleros”, según la “página oficial” de Marinaleda, el pueblo del que es alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo) y sus cooperativas acumulan 941.273 euros en ayudas públicas. Claman justicia, pero se declaran insumisos judiciales. Firman reglamentos con limitación de cargos en número y tiempo mientras sus dirigentes acumulan lustros en sus puestos. Proclaman la participación, pero rechazan el modelo de dirección colegiada y carecen de un sector discrepante. Ocupan tierras mientras Izquierda Unida, la formación con la que se presentaron a las elecciones autonómicas, forma parte del Gobierno y negocia la creación de un banco de fincas públicas para cederlas en uso a los parados. Se declaran defensores de la libertad, incluida la de expresión y, sin embargo, sus responsables rechazaron de forma reiterada una entrevista con este periódico si no establecían ellos los asuntos a tratar.

Esta es una breve relación de las contradicciones a la que se enfrentan los integrantes del SAT, los herederos de uno de los sindicatos más importantes de la Transición andaluza, que consiguió llevar sus reivindicaciones a las universidades, los medios de comunicación y las instituciones internacionales de mayor prestigio. Ahora, según algunos ha muerto, según otros afronta su momento más crítico y según sus dirigentes “está más unido que nunca”.

El último acto que volvió a poner en cuestión la actuación del SAT fue la marcha contra las cooperativas de miembros del propio sindicato en la finca Las Peñuelas de Sierra de Yeguas, una movilización auspiciada por la dirección del sindicato contra las cooperativas gestadas con el histórico fundador del SOC fallecido, el sacerdote Diamantino García, y de las que forman parte jornaleros que discrepan de la dirección actual de la organización sindical.

Las tierras están dedicadas a cultivos ecológicos y sociales, en los que se prima la generación de empleo frente a la productividad. Sus 200 hectáreas proporcionan hasta 3.000 peonadas y un medio de vida estable para dos decenas de familias. El Gobierno ha ofrecido la titularidad de las tierras a las cooperativas de colonos dentro de un plan aprobado en 2010 y estos precisan la titularidad para acceder a mecanismos financieros habituales, como el crédito, o para avalar inversiones para las que ahora arriesgan sus viviendas. Sin embargo, sus compañeros se niegan a que la propiedad pase a manos de los trabajadores.

Manuel Lara Castejón, Juan Rodríguez, Joaquín Montero, Juan Carlos Ruiz, Antonio Gallardo, José Fernández, antiguos miembros del sindicato y críticos con la actual dirección, han unido sus voces y, con el apoyo de otros que fueran representantes de la organización, han denunciado “la degradación moral de los viejos dirigentes” para permitir “un hecho nunca visto hasta ahora: ver cómo algunos miembros del SAT, con el consentimiento de su secretario general, Diego Cañamero, marchan contra tierras de trabajadores y cooperativas de compañeros que pertenecieron y algunos aún pertenecen al SAT”.

“Llamar a la gente a que ocupen fincas de tus propias cooperativas es una esperpéntica exhibición. Una más, de tantas a las que nos tienen acostumbrados los trasnochados líderes sindicales”, afirman. También les acusan de “manejar” los hilos del SAT a su antojo. Estos jornaleros, algunos de los cuales son ahora concejales de gobierno, denuncian “la pérdida total de rumbo, el abandono de toda ideología, el sindicalismo espectáculo y las desmedidas ansias de protagonismo” de los dirigentes, a quienes reclaman que den paso a una nueva hornada de jóvenes.

Los actuales dirigentes del SAT desprecian estas opiniones y las consideran ajenas al sindicato, donde no existe un sector crítico. “Hoy por hoy, en el sindicato hay unanimidad total”, afirmó Cañamero durante la última ocupación de Las Turquillas, la finca del Ejército que reclaman en Sevilla, informa Antonio J. Mora.

En este aspecto coinciden ambas partes, aunque discrepan en las razones de esta anomalía. “Nuestra bandera es la libertad”, esgrime Esperanza Saavedra, miembro de la permanente del SAT. “Quien disiente se va o lo echan”, afirman los exsindicalistas, quienes también están de acuerdo en “dar por perdido el SOC”. De hecho, orgánicamente está prevista la práctica disolución real de la organización agraria en el actual SAT.

El histórico fundador del SOC, Paco Casero, lamenta que la organización que fundó con unos criterios muy claros genere ahora confusión con sus acciones. “Me da tristeza por el sacrificio de tanta gente. Es necesario que las ideas estén claras para conseguir influir”, afirma el exdirigente jornalero y actual presidente de la asociación Valor Ecológico.

Los jóvenes del sindicato no parecen dispuestos a abrir un camino alternativo. Óscar Reina, portavoz del área de juventud: “Defendemos la tierra y, para una causa como esta, hace falta mucha unión y fortaleza”.