IU se une al PP para instar a Llera a recuperar la asistencia a presos

El PSOE se quedó este martes solo en la defensa de que la suspensión del servicio de asistencia jurídica para presos es culpa del Gobierno central. Su socio de gobierno, Izquierda Unida, votó a favor de una Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular que insta a la Junta a reactivar de inmediato esta asistencia. La portavoz de IU, Alba Doblas, dejo claro que a su grupo ya no le vale la excusa de que el Ministerio del Interior se niega a firmar un convenio tripartito (entre el Gobierno central, la Junta y los colegios de abogados).

“Interior ha dicho claramente que ese convenio no hace falta y que los acuerdos que firmó con los abogados están vigentes”, recordó Doblas a la comisión de Justicia e Interior, que debatió el asunto en doble sesión. Por la mañana, para votar la propuesta del PP, que salió adelante con el apoyo de IU y la abstención del PSOE. Por la tarde, en una comparecencia del consejero de Justicia, Emilio Llera, a petición de su socio de gobierno.

“He buscado una solución y no la encuentro”, sostiene el consejero

Llera se aferró a los argumentos que defiende su consejería desde que, hace un año, suspendió el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp): el convenio con Interior es necesario porque sin él no se garantiza la cobertura legal del servicio. “Yo he intentado buscar otra solución y el problema es que no la encuentro”, le dijo el consejero a los diputados. La primera alternativa que barajó, explicó Llera, fue tramitar una subvención excepcional para pagar a los letrados que prestan este servicio a los 16.200 presos que cumplen condenas en cárceles andaluzas. Pero la fórmula se descartó “por lo que se estaba diciendo de las subvenciones excepcionales en sede parlamentaria y en los tribunales”, sostuvo el consejero en referencia al caso de los Ere. “Lo último es que yo acabe en los tribunales por una historia de estas. Me niego. Cuestión de supervivencia”, añadió, para concluir con el argumento esgrimido por su departamento en los últimos 12 meses: “No hay otra alternativa. La pelota está en el tejado del Ministerio del Interior”.

Pero su socio de gobierno ya no le compra esta versión. “Le hemos instado esta mañana a que busque una fórmula para reactivar el servicio”, le dijo Doblas. “Si no se puede mediante subvención directa habrá que arbitrar otras medidas. Pero las medidas deben arbitrarse desde la Junta, no desde el Ministerio del Interior”, añadió la portavoz de IU. Sacó incluso a relucir el pacto entre PSOE e IU que sostiene la coalición de gobierno. “Dice usted que hace falta un soporte normativo. Hagámoslo. Nosotros tenemos que ser especiales porque hemos firmado un pacto de progreso y tenemos que estar con la población reclusa”, advirtió la parlamentaria, que censuró algunos intentos sutiles que hizo el consejero de restar importancia a la asistencia jurídica a los reclusos.

El PP, autor de la proposición no de ley que insta a la Junta a reactivar el servicio, criticó la “gran endeblez” de los argumentos que emplea la consejería para justificar la suspensión de la asistencia. “Ni la firma de un convenio innecesario, ni el ahorro económico, ni la búsqueda de rédito político en la confrontación, ni la negada relevancia del servicio. Nada de esto le sirve de excusa para no prestar este servicio”, zanjó el diputado popular Juan Ramón Ferreira.