El Gobierno debe un año entero a los abogados vascos del turno de oficio

La justicia gratuita lleva camino de convertirse exactamente en eso, pero en el sentido más amplio de la palabra. No sólo para quienes tienen derecho a una atención jurídica financiada por el sector público porque no disponen de recursos, sino también para el Gobierno vasco, que desde junio de 2012 no ha abonado ni un euro a los abogados que la prestan, en torno a un millar en Euskadi. Los colegios de abogados se han quejado al Gobierno de que los recortes estén llegando a ese punto, y han trasladado al consejero de Justicia, Josu Erkoreka, que, debido a la crisis, algunos de sus miembros sobreviven exclusivamente con los ingresos que reciben del Turno de Oficio y del servicio de Asistencia al Detenido, los dos más afectados por los impagos.

La última reunión

El Gobierno vasco se ha encontrado con este problema debido a la conflictividad que generó en el sector el decreto de justicia gratuita que aprobó el anterior Gabinete de Patxi López, y que incorpora nuevos criterios de certificación con los que los colegios no están en absoluto de acuerdo. Pero el Gabinete de Iñigo Urkullu tampoco ha movilizado el asunto lo suficiente para resolverlo sin polémica. De hecho, la última de las reuniones mantenidas con los afectados se produjo el pasado 17 de mayo, y fue en esa reunión donde se informó a los representantes de los letrados que los pagos por los servicios prestados desde julio a diciembre del pasado año se harían en la primera quincena de junio de este año, es decir, en los próximos quince días. Una fecha que los abogados consideran inaceptable y que motivó una queja hace diez días al propio Erkoreka para que acelerara los pagos antes de junio. “No ha dado resultado”, asegura un letrado afectado.

Se acaba el plazo para la declaracion de la renta

A estas alturas del curso se suma otro problema añadido, y es que los letrados, como el resto de los ciudadanos vascos, tienen que preparar los impresos de la declaración de la renta de 2012 y el plazo acaba en unos pocos días. “Sería lamentable que tuviéramos que tributar por unos ingresos que no hemos recibido”, asegura uno de los afectados al que la administración le debe más de 4.000 euros. El nuevo decreto de justicia gratuita recorta los precios de las actuaciones que prestan los letrados —se suma a la subida de las retenciones que pasan del 15% al 21%— y reforma el sistema de control de la administración sobre todos los aspectos de las actuaciones. De hecho, los tres colegios han anunciado recursos a esa norma. Los abogados lamentan que el Gobierno vasco esté aplazando los pagos cundo debiera de pagar a trimestre vencido y con uno de demora, y critican que la administración en vez de reconocer la actuación de los letrados, que “están haciendo mucho más por menos”, “no paran de sentir desprecio”.