Los cuatro casos que persiguen a Mas

Tres de los cuatro diputados del Parlamento de Cataluña imputados por casos de corrupción pertenecen al grupo de Convergència i Unió. Sin embargo, el caso Palau, el más grave de los que afecta al partido de Artur Mas, no ha motivado aún la imputación de ningún dirigente en activo. El presidente catalán tampoco ha tenido que dar hasta la fecha explicaciones en la cámara catalana. La última vez que la oposición exigió su comparecencia, Esquerra Republicana votó con Convergència i Unió para evitarlo. Ayer todos los grupos, excepto ERC y CiU, volvieron a pedir explicaciones. Con el argumento de que el fiscal se basa en “conjeturas” y “elucubraciones”, los nacionalistas esperan que el escándalo de financiación irregular del Palau de la Música acabe sin pasarles factura en las urnas. Igual que los otros casos. Los cuatro frentes abiertos del partido de Artur Mas con la justicia son los siguientes:

Ferrovial mantiene que se limitó a “patrocinar” la entidad musical

‘Caso Palau’. El fiscal acusa a CDC de haberse lucrado con 6,6 millones de euros desviados a través del Palau de la Música. Esta cifra dobla la que el juez había admitido hasta ahora y que ya le valió al partido el embargo de su sede para cubrir una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones. El caso tiene tres ramificaciones: la primera investiga el expolio del Palau de la Música por obra de los que fueran sus máximos responsables Fèlix Millet y Jordi Montull. El segundo investiga las irregularidades por la construcción de un hotel junto al Palau y la tercera rama de la investigación es la que afecta a Convergència por presunta financiación irregular. El partido habría cobrado comisiones de constructoras de obra pública a través del Palau de la Música. Esta entidad entregaba presuntamente el dinero a Convergència tras recibirlo de las constructoras en forma de donativo o en concepto de trabajos no realizados. La constructora Ferrovial aseguró ayer mediante una nota que sus relaciones con el Palau de la Música se correspondieron “única y exclusivamente” a una actuación de patrocinio y se ofreció a colaborar con la justicia.

‘Caso ITV’. Si el caso Palau mantiene embargada la sede de Convergència, el de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) ha derivado en la imputación del secretario general del partido, Oriol Pujol, uno de los hijos del histórico expresidente Jordi Pujol. El juez cree que Oriol Pujol podría haber cometido un delito de tráfico de influencias como “colaborador necesario” de una trama que pretendía amañar concursos públicos para la concesión de este tipo de instalaciones de revisión de vehículos. Pujol pudo favorecer a la trama de empresas para conseguir adjudicaciones de estaciones de ITV, incuso influyendo en nombramientos de altos cargos de la Generalitat que debían decidir sobre las concesiones. Tras ser imputado, Pujol delegó temporalmente sus funciones al frente de la secretaría general del partido, pero no ha dimitido oficialmente. Tampoco ha dejado su escaño en el Parlamento catalán.

CDC considera que el fiscal solo les acusa en base a “elucubraciones”

‘Caso Clotilde’. Motivó la imputación del diputado autonómico de CiU y exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, por su relación con la mafia rusa y blanqueo de capitales. Crespo declaró en marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para explicar los dos viajes que hizo a Rusia junto al presunto líder de la trama, Andréi Petrov. La fiscalía considera que Crespo también pudo delinquir cuando, siendo alcalde, se adjudicó el servicio de recogida de basuras del municipio por 80 millones de euros a una empresa dirigida por un hombre vinculado al partido.

‘Caso Adigsa’. También conocido como el caso del 3%, fue el primer proceso abierto contra Convergència por presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública, en concreto reformas de pisos de protección oficial por la empresa pública Adigsa. El expresidente catalán Pasqual Maragall acusó a Convergència de cobrar el 3% como comisión, pero posteriormente se retractó. En cambio, Iniciativa per Catalunya, que entonces estaba al frente del departamento de Vivienda de la Generalitat, decidió seguir adelante por la vía judicial y aportó pruebas del supuesto desvío de dinero en las obras de remodelación de los barrios de viviendas que gestionaba Adigsa. La fiscalía se querelló por malversación, fraude y falsedad. El caso sigue en el TSJC y entre los imputados figura el diputado de CiU Ferran Falcó.