“Saldré libre. No me arrepiento de nada”

“Para un catalán, venir aquí al Parlament es siempre una satisfacción”. Así empezó ayer la comparecencia de Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector de Innova —el holdingempresarial del Ayuntamiento de Reus—, en la tercera sesión de la comisión de investigación sobre las irregularidades en la sanidad catalana. Prat, que está imputado por seis delitos —entre ellos malversación, estafa y tráfico de influencias— por su gestión al frente de Innova, se negó a contestar a las preguntas más delicadas que le hicieron los diputados, con el argumento de que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. “Algunas preguntas las contestaré con el silencio”, avisó antes de empezar. Y concluyó “Saldré totalmente libre. No me arrepiento de nada”.

Prat se presentó a sí mismo como una víctima de ataques injustificados. “Estoy dolido”, dijo. Pero se negó a responder a las preguntas que pretendían indagar sobre los pagos que realizó a Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salut (CatSalut), a través de Innova. El Ayuntamiento de Reus considera que los 13.000 euros mensuales que Manté —también imputado— recibió por trabajos de “consultoría estratégica” durante cuatro años carecían de justificación porque este nunca los realizó. “¿Por qué contrató a Manté en Innova?”, inquirió la diputada republicana, Alba Vergés. “¿Sabe que Manté creó una empresa solo 15 días antes de que usted le contratara?”. “Todo esto ya lo he contestado en sede judicial”, se limitó a decir.

Josep Prat fue contratado por el entonces alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), para pilotar Innova, puesto que compatibilizó, desde febrero de 2011, con el de presidente del ICS y el de vicepresidente de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España.

 “Algunas preguntas las contestaré con el silencio”, avisó ya antes de empezar. Y quiso concluir: “Saldré totalmente libre. No me arrepiento de nada”

Tras ser durante dos décadas uno de los hombres más poderosos de la sanidad catalana, Prat empezó a ser cuestionado al hacerse pública su acumulación de cargos. En enero de 2012 dejó sus puestos en Innova y USP tras una denuncia de la CUP de Reus. Seis meses más tarde, en junio, también dimitió de la presidencia del ICS después de que EL PAÍS destapase los pagos irregulares a Manté y que Prat se había lucrado con un centro de menores de la Generalitat. El consejero de Salud, Boi Ruiz, le defendió hasta el final.

Prat —que dijo sentirse víctima de un “juicio mediático”— sostuvo que todos sus cargos no eran incompatibles. “No hay ninguna relación entre USP y la sanidad pública”, dijo. Y fue más allá: admitió que Ruiz —que proviene de la patronal catalana—, consintió su doble faceta pública y privada. “Le pregunté a Boi Ruiz. Dijo que había hecho un estudio y que no tenía que dejar los cargos en Innova y USP”, explicó Prat, que achacó su dimisión a un ataque por el informe que él elaboró sobre su proyecto estrella: el troceamiento del ICS. Prat negó haber contemplado nunca la entrada de capital privado en esta empresa pública.

El diputado de ICV, Marc Vidal, y el de Ciutadans, José Manuel Villegas, incidieron en las cantidades que percibió Prat por estas ocupaciones. “¿Es verdad que usted cobró 280.000 euros anuales de Innova en plenos recortes?”, le espetó Vidal. “Este es un tema mío”, contestó Prat. Villegas le preguntó cuánto cobraba de USP, algo a lo que el ex gestor no quiso contestar. Prat matizó que del ICS “solo” cobraba las dietas.

Además de Prat y Manté, por las irregularidades del caso Innova está imputado el anterior alcalde, el socialista Lluís Miquel Pérez, y 13 ediles de la localidad del PSC, ICV y ERC. Pérez compareció ayer también en la comisión y defendió con ahínco el modelo Innova —un “hijo” suyo, admitió—, a pesar de que el gigante de Reus ha provocado una deuda de 202 millones de euros al ayuntamiento y le ha sumido en un cúmulo de irregularidades que han terminado en los tribunales. El exalcalde apoyó sin fisuras la gestión de Prat, a quien él contrató. “Es un lujo para cualquier administración tener un colaborador como él”, dijo. “Sería mayúscula la decepción si este servidor fiel y eficaz es condenado”.

“Nunca, ni por escrito ni verbalmente, ni oficial ni oficiosamente, ni el interventor ni el secretario me hicieron ningún comentario sobre ninguna actuación inadecuada de Innova”, manifestó Pérez. El demoledor informe que ambos realizaron sobre las irregularidades de la empresa pública lo achacó al cambio de color político —el actual alcalde de Reus, Carles Pellicer, es de CIU—. El que fuera alcalde de Reus durante 12 años (1999-2011) no asumió en responsabilidades en el escándalo y llegó incluso a restarle importancia. “De mil millones de euros manejados, se han encontrado irregularidades por valor de nueve”, soltó.

Según Pérez, la empresa encargada de auditar la mayor parte de la actividad de Innova —Faura Casas— nunca detectó ni avisó de las graves irregularidades ahora investigadas. Sobre el aval de tres millones de euros de dinero público concedido a la empresa Shirota Functional Foods y que ha acabado teniendo consecuencias ruinosas para las arcas municipales, Pérez no quiso entrar al detalle, pese a que es la razón por la que han sido imputados él y el resto de concejales. Sobre los pagos a Manté, Pérez argumentó que este ha “podido acreditar” que efectivamente realizó esas tareas.

Otro de los comparecientes fue Jorge Batesteza, arquitecto del hospital Sant Joan de Reus contratado por Prat. Las obras de este hospital se adjudicaron por 70 millones de euros pero acabaron costando 131 según Batesteza y 180 según Pérez, que incluye en la cifra más equipamientos. Batesteza no pudo justificar con facturas los trabajos de asesoramiento que hizo para Innova, por los que cobró 387.000 euros en tres años y medio —entre 2007 y 2010—, como reflejaron en un informe el secretario y el interventor del ayuntamiento. El arquitecto también facturó a Innova 160.000 euros en total a través de una empresa de su propiedad. “¿Cobró usted dos veces por el mismo trabajo?”, le preguntaron Vergès y el socialista Jordi Terrades. “¿Sabe que una de las irregularidades que se le imputan a Josep Prat es pagarle sin justificación?”, lanzó Villegas. El arquitecto mantuvo que los dos contratos eran por “tareas diferentes” y negó las conclusiones del informe de Reus.

Otro momento destacado fue la comparecencia de Jordi Tous, exdelegado de Bienestar Social de la Generalitat que pilotó el traslado de un centro de menores de la Generalitat a un edificio de la familia de Prat. Poco después, Tous fue contratado por Innova. “Hay quien dice que su contratación fue un premio”, le espetó Marc Vidal. “A mí me contrató un concejal de Reus”, contestó Tous, que eludió contestar a otras preguntas de los diputados.