Cuatro nuevos imputados en el fraude del Plan Bahía

Sin haber tomado aún declaración a los detenidos más recientes, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz, Lourdes del Río, avanza en la instrucción del fraude en las ayudas a la reindustrialización de la bahía de Cádiz con la llamada a declarar de cuatro nuevos imputados. En la semana del 16 al 19 julio, ha citado a cuatro personas que ya habían prestado declaración ante la policía pero no en sede judicial.

Entre otros, comparecerán la que fuera diputada provincial de Empleo y responsable política del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz, la socialista María José Valencia, y el actual gerente de este organismo provincial, Teodoro Garrido. También han sido llamados dos responsables del Ministerio de Industria en la anterior etapa del Gobierno de Zapatero.

La instrucción se centra en buscar el rastro del dinero perdido de las inversiones públicas recibidas para la creación de empleo en la bahía de Cádiz, que fueron a parar a proyectos del empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña. La suma asciende a al menos 21 millones de euros obtenidos desde 50 empresas pantalla desde las que se pedían las ayudas. La policía sospecha que el descontrol de las administraciones favoreció el presunto fraude.

Las tres fases de la operación se han saldado con 31 detenidos. En una primera fase, pasaron por el juzgado Dávila Ouviña, algunos de sus empleados y personal de sucursales bancarias. También fue llamado a declarar el gerente del plan Bahía Competitiva, el socialista Antonio Perales, y la gerente provincial de la Agencia IDEA, Rosa Mellado, a pesar de que fue este órgano el que presentó la denuncia que provocó la instrucción judicial.

Empresarios vinculados

Estas nuevas declaraciones llegarán después de que se aclare el destino de los detenidos de esta semana, empresarios vinculados con Dávila Ouviña que han sido arrestados como parte de una nueva línea de la investigación. Según ha revelado el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, son ocho detenidos y no 10 como por error ha informado este miércoles este diario. Los empresarios contaban con un gestor de activos en Suiza para situar el dinero en paraísos fiscales, según informan fuentes policiales, y el principal imputado tenía fijado su domicilio en Luxemburgo.