Agilizar negocios sin prisa alguna

Había una “extraordinaria y urgente necesidad” de apoyar “la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas”. Por eso, ya en enero de 2012 la Generalitat modificó por decreto el procedimiento de apertura de establecimientos públicos con la introducción de los denominados organismos de certificación administrativa (OCA), cuyas atribuciones alcanzan a las “labores de comprobación, informe y certificación de los establecimientos públicos”.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha hecho de la simplificación y agilización de gestiones para facilitar la instalación de negocios o la puesta en marcha de actividades económicas una de las orientaciones centrales contra la crisis, desde el punto de vista de una política, la del PP, que reitera, una y otra vez, que son las empresas las que han de crear empleo.

Un decreto ley de junio del año pasado reguló las condiciones, requisitos y funciones, así como la creación de un registro de los OCA. Aquella norma se convirtió en ley de las Cortes Valencianas meses más tarde. Sin embargo, el Consell, desmintiendo sus propias afirmaciones, no parece tener prisa para su efectiva aplicación.

Así se desprende de una respuesta que el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha remitido al diputado socialista Rafael Rubio. El parlamentario había preguntado “a fecha de respuesta, ¿qué empresas se han inscrito en el registro de organismos de certificación administrativa y en qué fecha lo hicieron cada una de ellas?”. Castellano le ha respondido textualmente que la norma reguladora del registro “se encuentra a fecha de hoy en fase de ultimación”.

“Es una tomadura de pelo”, afirma el diputado socialista Rafael Rubio

Según el decreto-ley, los OCA son “personas físicas o jurídicas” que han de estar “debidamente inscritas en el registro que se crea” para poder otorgar certificaciones del cumplimiento de la normativa en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. En otras palabras, son organismos que evitan los trámites burocráticos de obtención de licencias de apertura para bares, discotecas y otro tipo de negocios que deben someterse a normas de actividad. Para ello tendrán que disponer de personal cualificado, como ingenieros e ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, lo que abre la posibilidad expresa de que los propios colegios profesionales de estas especialidades puedan constituirse en OCA.

En todo caso, tanto la Administración local como la autonómica se reservan la potestad de “verificar las funciones y actuaciones” que desarrollen. La figura de los OCA fue objeto de polémica entre el PP y la oposición en las Cortes Valencianas porque se argumentó que reducirán a nada la posibilidad de que los vecinos eventualmente afectados por actividades molestas puedan ejercer su derecho de alegación contra su puesta en marcha.

“Es una tomadura de pelo y demuestra que Fabra no sabe por dónde va”, señala Rafael Rubio de la respuesta que ha obtenido del consejero de Gobernación. “¿Si era tan fundamental para la dinamización de la actividad empresarial, por qué un año después del decreto-ley no está en marcha el registro sin el cual no se pueden constituir los organismos de certificación administrativa?”.

En opinión del diputado socialista, lo ocurrido con los OCA es “un intento más de gobernar a base de ocurrencias”. Rubio, que ya manifestó en el debate parlamentario sus reticencias a la regulación prevista de este tipo de organismos, añade que no entiende “cómo puede Fabra sacar pecho y vanagloriarse de su política en este terreno”. “Si no está en condiciones de gobernar, que deje paso”, concluye.