Justicia exige a una niña de tres años “buena conducta” para nacionalizarla

El Ministerio de Justicia ha denegado la nacionalidad a una niña de tres años, con residencia en Galdakao, por no justificar su “buena conducta” y no tener, según la resolución, su documentación en regla a pesar de contar con un permiso de residencia en España hasta el año 2017. Los padres de la menor, de origen congoleño y afincados en España desde hace más de 10 años, habían solicitado a la vez la ciudadanía española de todos sus miembros. Sin embargo, se han encontrado con que el “único” permiso denegado ha sido el de la pequeña, explica la directora de la Comisión Española para la Ayuda del Refugiado (CEAR) en Euskadi, Patricia Bárcena.

La resolución de Justicia, fechada el pasado 14 de junio, dictamina que se le niega el permiso de ciudadanía española por no justificar la “buena conducta cívica” que exige el artículo 22.4 del Código Civil, es decir, por no acreditar el certificado de antecedentes penales español y el del país de origen. Se trata de un documento que, según el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Rubén Baz, “no suele exigirse a los menores de edad, por lo que se trata de un error en la resolución”.

Justicia también señala en su escrito que la menor “no cuenta con autorización de residencia en España”, cuando tiene toda su documentación en regla, al disponer de un permiso de residencia desde agosto de 2012 con vigencia hasta junio de 2017.

CEAR denuncia que se trata de “un error más” del ministerio desde que se estableció el Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN), que pretendía agilizar los trámites de los más de 400.000 expedientes retrasados con los que se encontró el Partido Popular al llegar al Gobierno en noviembre de 2011. “Se están haciendo las cosas mal y rápido con el objetivo de cumplir objetivos cuantitativos establecidos por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón”, denuncia el abogado y presidente de la organización en el País Vasco, Javier Galparsoro.

Baz intenta minimizar las consecuencias de la resolución al afirmar que “hay que situarla entre los miles de expedientes que están tramitándose con eficacia” desde que se pusiera en marcha el PIN. “No son una cuestión de criterio, ni están relacionados con las prisas ni con un objetivo cuantitativo” en contra de la opinión de CEAR, que denuncia “constantes irregularidades y falta de criterio” en las denegaciones de nacionalidad, en palabras de Galparsoro. Sin ir más lejos, esta misma semana, el ministerio ha tenido que revocar 74 denegaciones de nacionalidad a refugiados —cuatro fueron detectadas por CEAR Euskadi— que también se habían dictado así “por error”.

Aunque Galparsoro señala que el de la niña de Galdakao es “el único caso” que se ha registrado por ahora en Euskadi, en la delegación andaluza ya se han encontrado otra veintena de casos idénticos. Precisamente, Amaiur presentó ayer una petición en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno esclarezca los criterios utilizados en la resolución de la menor.