El exalcalde se exime del Algarrobico porque no había sentencias firmes

El exalcalde socialista de Carboneras (Almería) Cristóbal Fernández ha sido el primer cargo público en pisar un juzgado por El Algarrobico. El exregidor ha acudido a los juzgados de Vera a prestar declaración como imputado por un presunto delito de prevaricación tras una denuncia de Ecologistas en Acción por una acción administrativa de 2009.

En agosto de ese año el pleno municipal volvía a clasificar como urbanizable el suelo de la playa de El Algarrobico —en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y sobre el que ya se levantaba un hotel de 21 alturas y 411 habitaciones— en un acuerdo por el que modificaban sus Normas Subsidiarias y las adaptaban a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Varias sentencias anteriores a esta decisión y posteriores a la paralización de las obras del polémico hotel ya consideraban que el espacio era protegido e instaban a las Administraciones —Ayuntamiento y Junta— a plasmarlo en sus correspondientes normas urbanísticas para evitar que, en lo sucesivo, se permitieran más edificaciones en ese enclave. Carboneras debía modificar la calificación de suelo, pero aún hoy sigue siendo “suelo urbano consolidado”, según su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El exalcalde de Carboneras, que ha comparecido durante algo más de media hora ante la juez instructora del caso, María del Mar Alejo, ha argumentado que la decisión de su equipo de gobierno contaba con “todos los informes sectoriales en sentido favorable” y con la aprobación definitiva por parte de la Junta. En la misma línea se han pronunciado los otros seis imputados. Juan Manuel Llerena, abogado del exconcejal de Urbanismo Miguel París y otros tres imputados, ha asegurado que la juez ha sido bastante exhaustiva en su interrogatorio y ha solicitado el archivo de las actuaciones sobre tres de sus defendidos.

El exregidor de Carboneras ha sostenido ante la magistrada que en agosto de 2009 no había ningún pronunciamiento judicial “en firme” que obligase a cambiar la categoría del suelo del hotel de la promotora Azata del Sol. Las sentencias firmes se produjeron a posteriori, a partir de 2011. “Si hubiera sido alcalde en 2011, habría asumido todas las resoluciones de los tribunales con respecto al Algarrobico pero eso corresponde ahora al actual equipo de gobierno”, ha ahondado Fernández, cuyo partido perdió la alcaldía en las pasadas elecciones. Actualmente gobiernan el PP y el grupo independiente Gicar en coalición.

El actual alcalde, Salvador Hernández, también denunciado por Ecologistas en Acción, no solo es partidiario de la apertura del hotel, sino que hace un año llevó ante la Mancomunidad de Municipios del Almanzora un manifiesto en defensa del establecimiento. Por sus acciones, que sí se han producido tras las sentencias del TSJA y del Supremo, se le imputa un presunto delito de desobediencia al no respetar la servidumbre de protección de 100 metros que establece el Alto Tribunal según una sentencia de marzo de 2012.