La policía detiene a 10 ‘Perlas’ por la muerte de una niña a tiros en Sevilla

Estaban identificados desde el mismo día del suceso, cuando decidieron huir de la capital andaluza. Una fuga que apenas ha durado 48 horas. El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido esta madrugada a nueve hombres y a una mujer por su presunta implicación en el tiroteo entre clanes de la droga que, el pasado miércoles, acabó por error con la vida de una menor de siete años en la barriada de las Tres Mil Viviendas en Sevilla. Los detenidos, a quienes se les imputan los presuntos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, pertenecen al clan de los Perla.

Al filo de la medianoche, agentes de la Policía Nacional detuvieron en un piso de Calahonda, en Mijas (Málaga), a nueve miembros de este grupo de narcotraficantes, entre ellos la mujer. En el registro de la vivienda, los policías incautaron dos pistolas y dos escopetas, 150.000 euros y ocho kilos de oro. El décimo sospechoso fue arrestado esta mañana en la localidad de Hinojos (Huelva). Según fuentes policiales, los investigadores sostienen que se ha arrestado a todos los participantes en la refriega, informa Europa Press. El caso, que corresponde al Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla, está bajo secreto de sumario.

Se investiga si las pistolas intervenidas fueron las usadas en la reyerta

La investigación policial mantiene la hipótesis de que la pequeña Encarnación S. S. y sus padres —heridos en el tiroteo— fueron víctimas colaterales del ataque perpetrado por los Perla contra las personas que vivían en la planta baja contigua a la de esta familia, ubicada en la calle Orfebre Cayetano González, una zona marginal conocida como Los Amarillos. La menor murió en la casa tras ser alcanzada por un disparo que entró por la ventana. El principal escollo de la investigación es discriminar el autor material de la muerte, ya que en la refriega participaron numerosas personas. Los agentes investigan si las armas intervenidas esta madrugada en la vivienda de la Costa del Sol fueron las usadas en el tiroteo. La reyerta respondería a un ajuste de cuentas relacionado con las drogas, aunque no se descarta que el origen fuera un secuestro cometido hace unos meses.

Desde el trágico suceso la policía tiene otro frente abierto: garantizar la seguridad en las Tres Mil Viviendas para evitar que se produzcan altercados por represalias. A lo largo de hoy, se han repetido una y otra vez los registros policiales de vehículos en los diferentes puntos de control instalados en las calles cercanas a la del tiroteo. Furgones policiales y agentes armados con fusiles de asalto han velado por devolver la tranquilidad. Pese a este blindaje, en la madrugada del viernes, el servicio de emergencias del 112 recibió varios avisos alertando de asaltos y robos en algunos domicilios de la zona. Estas incidencias se suman a la ocurrida en la madrugada del jueves, cuando cuatro mujeres fueron detenidas al intentar robar en la vivienda de los Perla aprovechando que la banda había huido.

Responsables del SUP denuncian "falta de protección" en el barrio

A las continuas críticas vecinales sobre la falta de seguridad en la barriada, se ha unido el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha denunciado “la falta de medidas de protección” para los agentes del Grupo de Intervención Operativa (GIO) de la Policía Nacional, adscrita a la Junta de Andalucía, que trabajan en las Tres Mil Viviendas. El sindicato ha afirmado que los efectivos llegan a realizar su servicio “sin chalecos antibalas ni conexión para emergencias”. “Los chalecos tienen que costeárselos ellos”, precisa la portavoz del colectivo, Carmen Velayos. La Administración andaluza se ha apresurado a desmentir estas acusaciones. Según la Consejería de Justicia e Interior, los agentes tienen una “dotación suficiente” para garantizar su seguridad.

El diputado de IU José Luis Centella ha ido más allá y ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández, para que explique las actuaciones que su departamento está realizando en la zona. Centella ha reclamado al Gobierno un plan de seguridad ciudadana para estos vecinos que incluya “sin más dilaciones” los trámites para construir una comisaría. Ha apostado, además, por actuaciones que permitan la integración social y territorial del barrio.