Madrid aprueba un plan de choque para reparar las calles tras años de abandono

“Cuando mejore la situación económica, tendremos que meter mucho más dinero en mantenimiento”, admitía la alcaldesa, Ana Botella (PP), a principios de año. El Ayuntamiento de Madrid es consciente de que los ajustes presupuestarios han dejado la ciudad funcionando bajo mínimos, sin dinero suficiente para cambiar todas las bombillas de las farolas que se funden o para reparar baches en la calzada. El problema es que las restricciones del Ministerio de Hacienda durarán hasta 2023, y fijan un volumen de inversión en esta década muy inferior al necesario no ya para el desarrollo de la ciudad sino para su mantenimiento. Para escapar de este laberinto, que amenaza además con estallarle en la cara en las elecciones municipales de 2015, el Ayuntamiento ha aprobado hoy un contrato integral de infraestructuras viales que prevé 147 millones de inversión en asfaltado y reforma de calles y aceras. Tiene una duración de ocho años, pero se ha diseñado de forma que durante los tres primeros se realice un esfuerzo extraordinario para devolver la ciudad a un nivel óptimo de mantenimiento; así, se ejecutará un plan de choque de 30 millones de euros para renovar 1,7 millones de metros cuadrados de pavimento y 76.000 metros cuadrados de aceras, y otros 20 millones para acondicionar puentes y túneles. Durante estos primeros años, se llevará a cabo también la renovación del alumbrado público y los semáforos, con una inversión adicional de 80 millones de euros contemplada en otro contrato aprobado hoy; eso permitirá, presume el Ayuntamiento, no sólo llevar a cabo el mantenimiento descuidado durante los últimos años, sino también modernizar el servicio de alumbrado de forma que el futuro ahorro energético (derivado, por ejemplo, de la sustitución de bombillas) costee las inversiones ejecutados ahora.

“Por su cuantía y por las inversiones en beneficio de los madrileños, son dos de las acciones más importantes del Ayuntamiento para los próximos años”, ha señalado esta mañana Botella durante el anuncio de la aprobación de los dos contratos. Ambos entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero de forma progresiva, según vayan expirando la miríada de contratos que agruparán.

El contrato de gestión integral de infraestructuras viarias se licita por ocho años y 336,6 millones de euros. Contempla el mantenimiento de pavimentos, aceras, túneles, puentes y pasarelas, y sustituirá progresivamente los 10 contratos ahora en vigor. Además de realizar durante los próximos tres años el mencionado plan de choque para devolver la ciudad a la normalidad, se prevé invertir 43 millones en mantenimiento de aquí a 2022, lo que se conoce como Operación Asfalto, que este año no se llevó a cabo precisamente por falta de fondos. Se destinarán otros 54 millones a reforma integral de calles (en 2012 se paralizó la de Atocha, y están congeladas peatonalizaciones como la de la calle Carretas, que podrían reactivarse merced a este contrato), sin especificar aún cuáles.

Desde el 1 de enero, además, se reforzará el sistema para que los ciudadanos avisen de que hay un bache en su calle: la empresa concesionaria deberá reparar los desperfectos de menos de tres metros cuadrados en menos de tres días; tendrá 10 días para aquellos de entre tres y 15 metros cuadrados, y un mes para los que lleguen a los 30 metros cuadrados. En el caso de que la empresa no cumpla con los requisitos mínimos de calidad, se le podrá descontar hasta un 20% del dinero que habría de pagársele. En este caso, al ser un contrato centrado sobre todo en inversiones y no en servicios (como la recogida de basuras), el Ayuntamiento no prevé que se destruya empleo (el contrato de limpieza viaria, adjudicado este año a un precio muy rebajado, ha derivado en un conflicto laboral que amenaza con eliminar 1.400 puestos de trabajo).

El contrato integral de gestión energética agrupa 13 ahora en vigor y se licita por ocho años y 785,9 millones de euros. Se divide en tres lotes por zonas (todo el alumbrado y los semáforos en las áreas centro, este y oeste), y cada uno incluye además un servicio adicional a prestar en toda la ciudad: fuentes ornamentales, paneles electrónicos de señalización, y control de infracciones automatizado (los semáforos que multan por saltárselos en rojo). En el caso de las fuentes, que el Ayuntamiento tuvo que secar el año pasado por falta de dinero para mantenerlas, se espera que vuelvan a funcionar el próximo mes de julio.

El contrato prevé una inversión de 137 millones de euros, de los que 80 millones se destinarán también a un plan de choque durante los tres primeros años para rehabilitación de las instalaciones deterioradas por la falta de mantenimiento y para mejora de la eficiencia energética. Con este último esfuerzo, el Ayuntamiento espera reducir el consumo anual un 20% respecto al actual, lo que considera que ahorrará en emisiones contaminantes a la atmósfera el equivalente a que dejaran de circular por las calles de la ciudad 100.000 coches.

Además, tampoco se espera que destruya empleo, porque, en este caso, según el Ayuntamiento, se trata de personal especializado y las cláusulas incluidas en el contrato (un mínimo de experiencia de tres años, por ejemplo) parecen aconsejar a la empresa que lo gane a contar con los servicios de los empleados que los realizaban hasta ahora. Algo parecido confiaba el Ayuntamiento en que pasase también con el resto de contratos; sin embargo, algunas empresas, una vez subrogados los trabajadores, han decidido aprobar expedientes de regulación de empleo para reducir sus plantillas en un volumen muy similar (alrededor del 20%) a la rebaja en la cuantía de los contratos. Los trabajadores de limpieza viaria han convocado una huelga indefinida a partir del 5 de noviembre para tratar de evitar más de un millar de despidos por este motivo.