Jerez gastó 116.000 euros en despedir a trabajadores en edad de jubilación

La lista de trabajadores municipales afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) del Ayuntamiento de Jerez incluyó empleados en edad de jubilación. El Consistorio, con una deuda que supera los 1.000 millones de euros, destinó 116.095 euros a costear despidos de operarios que ya habían superado los 65 años.

Según fuentes sindicales, la indemnización de estos empleados se puede disparar hasta los 290.000 euros si el Tribunal Supremo declara la extinción de contratos improcedente y ratifica la sentencia dictada el pasado mes de marzo por el TSJA, que determinó que la regulación de empleo ejecutada en la administración jerezana fue “no ajustada a derecho” por la “absoluta arbitrariedad” del gobierno local (PP), presidido por la alcaldesa María José García Pelayo, en la selección de las 260 personas afectadas.

Si a los empleados en edad de jubilación se suman los contratos extinguidos al personal de 64 años, el coste de la indemnización ya sufragada por el Consistorio se eleva a 257.944 euros, monto que superará los 645.000 euros en caso de que el Supremo determine que no fueron despidos objetivos y ordene una compensación de 45 días por año. A la espera de que el tribunal emita el fallo, se da la circunstancia de que todos los empleados que tenían 64 años en el momento de los despidos y cobraron una liquidación de 142.000 euros ya han alcanzado también la edad de jubilación. ¿Por qué el Ayuntamiento ha premiado con finiquitos que pueden superar los 100.000 euros a personal que debería haber abandonado el Consistorio a coste cero? Fuentes sindicales y colectivos de trabajadores despedidos prefieren no establecer vínculos entre los beneficiados y el gobierno local, pero creen “injustificable” que el Ayuntamiento apruebe un ERE alegando “motivos económicos” y costee liquidaciones que podría haber evitado.

Varias fuentes sindicales también cuestionan la lista de afectados por motivos que se conocen un año después de materializarse el ERE. “¿Cómo pueden despedir a 14 vigilantes municipales y salvar a otro que fue expedientado por borracho?”, se preguntan desde una sección sindical.

Los agentes sociales no se conforman con que el Tribunal Supremo declare la improcedencia de los despidos. Ahora buscan la nulidad del ERE y la readmisión de la totalidad de la plantilla afectada. La Agrupación de Técnicos Municipales (ATM) presentó el pasado 14 de octubre en la sala de lo social del Supremo nuevas pruebas contra la regulación de empleo.

Según se recoge en el escrito, el sindicato presenta siete documentos con el fin de demostrar que el Ayuntamiento, tras haber prescindido de 260 operarios en virtud de un plan de ajuste, ha aprobado medidas que incrementan los costes de personal. Entre ellas el gasto de 2,6 millones de euros en productividades, horas extra y compras de libranza en el primer semestre de 2013; el rescate del servicio de autobuses desde enero de 2014; la municipalización provisional del servicio de atención domiciliaria; la contratación externa de un gerente en una sociedad municipal contraviniendo el propio plan de saneamiento, o la incorporación de tres directivos en el Ayuntamiento tras la privatización de la gestión del agua.