Magdalena Álvarez achaca a Empleo el diseño del presupuesto para los ERE

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez ha achacado a la Consejería de Empleo el diseño del presupuesto para el fondo de los ERE. La exministra socialista ha declarado por segunda vez como imputada ante la juez Mercedes Alaya y durante su breve comparecencia afirmó que su departamento “no intervino para nada en dicho anteproyecto [el del presupuesto que cada año presentaba Empleo ante Hacienda]”.

La exconsejera, imputada por malversación y prevaricación, ha ratificado su declaración prestada hace un mes y solo ha respondido a tres preguntas que le inquirió Alaya. Álvarez dejó claro que su intervención en los detalles del presupuesto de Empleo, en el que se incluía la partida 31L, era nulo: “Cuando llega a la Consejería de Hacienda se incluye en la estructura de la Ley de anteproyecto del presupuesto sin modificar absolutamente nada. No se puede modificar esos anteproyectos porque están grabados en las correspondientes consejerías gestoras”, ha puntualizado la exconsejera.

Ante las preguntas de la magistrada, Álvarez ha insistido en la responsabilidad de Empleo sobre el anteproyecto de presupuestos, en el que se incluían el uso de las transferencias de financiación, la madre del cordero en la financiación de los ERE y lo que ha motivado la imputación de 20 altos cargos de la Junta este pasado verano. La exconsejera ha matizado: “La propuesta de utilización de la partida 31L y el uso de las transferencias de financiación la incluye la Consejería de Empleo en su anteproyecto de presupuesto y sobre el mismo ni posteriormente en la Consejería de Hacienda tengo la menor competencia”. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández está imputado, mientras que su antecesor y diputado José Antonio Viera no lo está pero ha sido señalado en la instrucción.

La exconsejera prosiguió en su idea de culpar a Empleo, y recordó la conclusión 298 del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas donde se establece claramente que la competencia es de Empleo. “No se me ha imputado ningún hecho nuevo, ni nuevo elemento probatorio”, aseveró Álvarez. “Estoy muy tranquila (...) y en total desacuerdo, como dije en su día, con el relato de hechos que se consigna en la referida imputación”. La exconsejera ha añadido que volverá al juzgado tantas veces como se lo requiera Alaya para “aclarar, ampliar e informar” sobre el caso. “Puede contar conmigo para desenredar todo este asunto”, añadió.

Su puesto como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones ha sido puesto en entredicho por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Sin embargo, el pasado miércoles el presidente del BEI, Werner Hoyer, respaldó su gestión. La vicepresidenta matizó que informa “puntualmente” de “todo lo que está sucediendo aquí; le traslado toda la información y le doy todo tipo de aclaraciones [a su superior]”.

Alaya imputó a Álvarez el pasado junio, la exministra prestó declaración hace un mes, hace 15 días la Audiencia de Sevilla tumbó la imputación de Alaya, y hace una semana Alaya replicó a los jueces de la Audiencia para imputar de nuevo a Álvarez tras motivar los indicios penales que sostiene contra la exconsejera. Finalmente, ayer Álvarez se limitó a ratificar su declaración inicial y Alaya solo añadió tres preguntas a su interrogatorio anterior. La juez definió a Álvarez como “una de las promotoras, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales” que devino en la entrega de ayudas sin control a empresarios desde el fondo que la Junta dotó con 721 millones.

En su imputación, la magistrada explicaba que la Consejería de Hacienda instauró el “ilegítimo” sistema de transferencias de financiación, una herramienta presupuestaria utilizada por todas las Administraciones. Para la juez, la Junta buscaba “burlar” el procedimiento establecido para las subvenciones y responsabilizaba a Álvarez de la inclusión del fondo de los ERE en la Ley de Presupuestos del Parlamento andaluz. Ante estas acusaciones, la Junta siempre ha enfrentado su argumento de que el fondo no puede ser ilegal al estar incluido en la Ley de Presupuestos que aprobó el Parlamento año tras año.