45 diputados del PP valenciano piden el indulto para un exalcalde corrupto

Fue una rebelión soterrada, sin ruido. Un documento que el pasado miércoles circuló por la bancada del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas solicitando el indulto para el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Y la inmensa mayoría de los diputados —45 sobre 54— del PP lo firmaron sin ningún escrúpulo. El gesto representaba algo más que una muestra de solidaridad con un excompañero condenado. En la práctica era todo un desafío al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, del que se apartaron la mayoría de los pesos pesados del PP valenciano, con la excepción del presidente del parlamento autonómico, Juan Cotino, y del presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran desconocer la iniciativa de los parlamentarios valencianos. Las mismas fuentes desvinculan al partido de esa iniciativa y aseguran que no le consta que haya petición de indulto, sino un escrito de apoyo al condenado.

Fabra lleva tiempo diciendo que ningún imputado formará parte de las próximas candidaturas del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y en los escaños del PP se sientan hasta ocho diputados con problemas con la justicia; más otro, Rafael Blasco, que ahora forma parte del grupo de no adscritos tras su expulsión por un supuesto fraude de ayudas al tercer mundo en su época de consejero de Solidaridad y Ciudadanía.

Pero, además, la mayoría del grupo está conformado a imagen y semejanza del antiguo presidente, Francisco Camps, que dimitió poco antes de sentarse en el banquillo por su implicación en el caso de los trajes, una derivada de la trama Gürtel. La mayoría de esos diputados sabe que no va a seguir en la próxima legislatura. La firma a favor de Hernández Mateo y el desaire a Fabra les sale gratis.

Los ocho imputados forman un grupo variopinto. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde de esa ciudad, Luis Díaz Alperi, están implicados en el caso Brugal, una supuesta trama para manipular el urbanismo de la localidad con el objetivo de favorecer al promotor Enrique Ortiz, con quien han compartido yate, regalos y vacaciones. Dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Ángelica Such, se encuentran procesadas por favorecer presuntamente a Orange Market, terminal valenciana de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur. La fiscalía solicita para Martínez, conocida como La Perla, once años de cárcel y el embargo de sus bienes por un valor de 630.000 euros.

Tres exaltos responsables del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, exsecretario general, exvicesecretario general y extesorera, respectivamente, de los populares valencianos, también tienen que responder ante la justicia por su presunta implicación en la financiación irregular del partido. A estos siete hay que añadir un exvicepresidente del Consell en la época de Camps, Vicente Rambla, que supuestamente actuó de intermediario entre la administración autonómica y el partido para facilitar la supuesta financiación irregular.

La división en el grupo parlamentario es de tal calibre que algunos dirigentes nacionales del PP estaban convencidos de que se iba a producir una fuga de votos cuando se planteó un proposición de Esquerra Unida sobre el mantenimiento de Canal 9 en las Cortes Valencianas. No fue así. El PP actuó como una falange, pese a que la votación era secreta. Pero ayer se abrieron todas las costuras con un tema muy sensible para los cargos públicos del PP.

Andrés Ballester, un diputado amigo de Hernández Mateo, impulsó la recogida de firmas con notable éxito. Salvo los miembros del Gobierno valenciano, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el portavoz del grupo, Jorge Bellver, y un muy escaso número de diputados, el resto firmó un documento que pone en tela de juicio toda la política de líneas rojas establecida por el presidente Fabra.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, intentó quitar hierro al asunto: “Los diputados que han pedido el indulto lo han hecho a título totalmente personal. Es legítimo y se suman a una iniciativa vecinal. Yo no la he firmado, ni me he planteado hacerlo”, dijo Ciscar

El presidente de la Diputación de Valencia y el de las Cortes han firmado

“No me agrada que nadie vaya a la cárcel por cuestiones políticas”, explicó este viernes Ballester. “Ha firmado todo el mundo por su propia voluntad”, recalcó el diputado, quien explicó que su iniciativa es una muestra de apoyo a la de los hijos de Hernández Mateo, que intentan que la aceptación a trámite —por parte del Ministerio de Justicia— de la petición de indulto paralice el ingreso en prisión del exalcalde que también alega motivos de salud.

La dirección regional del PP guardó silencio, mientras la oposición exigió a Fabra la desautorización de la iniciativa.