El escándalo de las facturas arrincona a la dirección de UGT en Andalucía

UGT comienza a mover ficha en Andalucía, pero lentamente. El goteo incesante de informaciones sobre supuestas irregularidades en el uso de subvenciones a través de facturas falsas llevó el pasado martes al secretario general de UGT, Cándido Méndez, a exigir “responsabilidades a depurar”. Y, un día después, la organización andaluza ha anunciado un comité regional —el máximo órgano entre congresos— para “analizar la situación en la que se encuentra la organización, con objeto de adoptar las decisiones y actuaciones adecuadas en función del debate y de los acuerdos alcanzados”. Pero para que se celebre ese comité y el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, dé explicaciones, habrá que esperar hasta el 9 de enero. Hasta entonces, teóricamente, no habrá ninguna decisión sobre la depuración de responsabilidades.

El enfado en la dirección confederal de UGT con la situación en Andalucía había ido in crescendo en los últimos días, sobre todo tras la publicación por El Mundo el martes de que la organización andaluza había encargado hace cuatro años para un congreso 700 maletas falsas y 1.000 bolígrafos de Francis Montesinos para uno de sus congresos que habían cargado a subvenciones de la Junta andaluza.

“Hay cosas y actuaciones que son incomprensibles y no se están explicando, por eso llamamos a que se expliquen. Es el momento de una vez por todas”, declaró Toni Ferrer, secretario de Acción de UGT en toda España a la entrada del Comité estatal. Esta exigencia está en consonancia con lo que opinan —de momento, en privado— otras federaciones de UGT. Hasta ahora, para justificar por qué no se estaban tomando medidas pese a la publicación de las facturas falsas, la dirección estatal del sindicato se había amparado en la gran autonomía que conservan tanto la dirección andaluza como las federaciones implicadas. Pero dada la envergadura del caso, la reacción se ha vuelto necesaria.

La frase de Ferrer, en público, es un paso más en la dirección que apuntó el día anterior Méndez. No obstante, tanto uno como otro defienden que, según los estatutos de la organización, no pueden ir más allá. Es decir, pueden exigir explicaciones y responsabilidades a las federaciones regionales y sectoriales, pero estas son autónomas para tomar sus propias decisiones. Y, de hecho, exponen que en caso de que la dirección andaluza decidiera dimitir no sería la ejecutiva confederal quien se encargaría de nombrar a los nuevos gestores, sino el comité regional.

Las informaciones aparecidas en los últimos días convirtieron al líder andaluz de UGT, Francisco Fernández Sevilla, en el protagonista del comité confederal que celebraba ayer. A la entrada matizó que su dimisión es “una cuestión que nunca se descarta” si se convierte en una “carga”, pero los afiliados decidirán “sobre la evolución que están teniendo los acontecimientos”, informó Europa Press.

Durante la reunión el dirigente andaluz mantuvo la ambigüedad y no habló de dimisión ni fijó un plazo para ello. Lo que vino a decir es que en la cita convocada para el 9 de enero el sindicato en Andalucía analizaría la situación y actuaría en consecuencia. Además, añadió que no tenía ningún apego al cargo.

A pesar del largo plazo que se ha fijado Fernández Sevilla para dar explicaciones, su movimiento de ayer es un cambio respecto a la posición mantenida hasta ahora. Una prueba de ello es que apenas han pasado siete días desde que UGT Andalucía celebrara un comité regional. En él, no hubo autocrítica alguna, como se aprecia en su resolución final: “Ante la causa general abierta en contra de la UGT (…). Los ataques contra la UGT los asumimos como un ataque a la clase trabajadora organizada (…). Que nadie espere que vamos a contar con el favor de medios de comunicación”, subraya la resolución del comité. Pero el descontento en las bases comienza a aflorar y un sector de afiliados ha recogido un centenar de firmas en la plataforma digital Change.org para exigir la dimisión de Fernández Sevilla.

La anterior exsecretaria de la Mujer de UGT Andalucía, Ana Pérez Luna, ha suscrito la petición para exigir una “regeneración” en el sindicato. “Las bases están demostrando mucho más cordura que la dirección del sindicato, pero no están organizadas”, subraya. Pérez acusa a la dirección de “ahogar las críticas” y proclamar que las bases participarán en las decisiones, cuando las ignoran por sistema. Mientras, fuentes del sindicato admiten la fuga de afiliados, aunque rechazan detallar las cifras exactas de bajas producidas.

Desde el comienzo de las informaciones periodísticas, el sindicato anunció una investigación interna pero solo ha admitido “errores subsanables” y no ha ofrecido resultados finales. Mientras, funcionarios de la Junta de Andalucía revisan las subvenciones sospechosas para aclarar las supuestas irregularidades. En paralelo, la juez Mercedes Alaya investiga facturas falsas en una pieza incluida en el caso ERE que declaró bajo secreto de sumario hace dos meses, por lo que su relevancia permanece aún oculta.

Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, cree que la Junta de Andalucía debe personarse en este caso. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha dicho esta mañana que cree "lógico" que así lo haga ya que la Junta "debe personarse en todas aquellas actuaciones que supongan una lesión para los fondos públicos y no como en el caso de los ERE que parece que se han presentado para defender a los acusados".

Castro se ha quejado de que existe un "tratamiento diferente" sobre los casos de corrupción que afectan a los sindicatos y al Partido Popular. "Me resulta chocante, llamativo, aberrante", ha adjetivado el portavoz. Según él, los sindicatos están actuando "con transparencia" y ha destacado que Comisiones Obreras, al contrario que la UGT, "sí ha hecho una auditoría interna importante" sobre su papel en la gestión de los ERE fraudulentos.

IU no va a apoyar la petición del PP para que comparezcan en el Parlamento andaluz los secretarios generales de UGT, Francisco Fernández Sevilla, y de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero. "Esa estrategia es legítima pero no le vamos a dar carrete", ha comentado.