La Generalitat reducirá un 20% los coches oficiales

La Consejería de Hacienda se propone reducir un 20% el parque de vehículos oficiales de la Generalitat. La Administración autonómica se desprenderá de 204 unidades, con un ahorro anual cercano a los 700.000 en concepto de gastos como reparaciones, mantenimiento, inspecciones técnicas, seguros, impuestos y combustible.

El 70% del ahorro total previsto con este plan de optimización corresponde a las consejerías de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y a la de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que disponen de 233 y 479 vehículos, respectivamente.

En ambas carteras ha comenzado ya el proceso de reducción en un 20% de su parque móvil, excepto los vehículos que prestan servicios de tipo esencial, asistencial, sanitario o de protección ciudadana, y se cifra en 143 vehículos —47 correspondientes a Presidencia y 96 a Infraestructuras—, con un ahorro previsto de 489.000 euros.

Los vehículos excedentes se reasignarán a áreas en la que existe necesidad de ampliar su parque móvil y los que no se redistribuyan, por su antigüedad por ejemplo, serán vendidos.

Altos cargos

En el Parque Móvil Centralizado, que incluye los vehículos de altos cargos y técnicos de las consejerías, la disminución encaminada a “optimizar el patrimonio” de la Generalitat será del 63%, al pasar de 91 a 57 coches, de los que 29 corresponden a altos cargos, que ahora tenían 51 automóviles a su disposición.

La Consejería de Hacienda tiene intención de reducir el parque móvil del sector público empresarial propio en un 40% a raíz del actual proceso de reestructuración del sector público y de la consiguiente disminución de plantilla.

La relación propuesta de vehículos a reducir se dirigirá a cada una de las entidades que conforman el sector público empresarial de la Administración autonómica.

Desde la Consejería de Hacienda, que dirige Juan Carlos Moragues, subrayan que estas medidas de disminución del parque móvil persiguen “continuar avanzando en la austeridad en la gestión del gasto público, así como en un uso racional del mismo” para “ajustar la estructura de la organización de la Administración de la Generalitat, sin que se resienta la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos valencianos”.