Último intento para interrogar al imputado de la Cámara de Pontevedra

Después de varios intentos para interrogar como imputado por un presunto delito de cohecho al empleado de la Cámara de Comercio de Pontevedra Juan José María Lago, el juzgado número 3 de Pontevedra —que instruye el caso de presuntos cobros irregulares de la secretaria de la entidad— ha conseguido por fin localizar al funcionario para que declare a través de una comisión rogatoria en Brasil.

Juan José María Lago, responsable de la empresa brasileña Contrato Em Comunicaçoes Empresariais Ltda y que trabajaba a sueldo de la Cámara de Comercio de Pontevedra desde 2002, tendrá que responder a una docena de preguntas formuladas por el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra ante un juzgado de la ciudad de Florianápolis, donde reside como enlace de la entidad.

La imputación del funcionario se produjo tras la querella interpuesta el pasado año por la fiscalía contra la secretaria, Rosario Lorenzo, por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y otro de cohecho a raíz de una denuncia anónima que varios empleados de la entidad interpusieron contra ella en 2011.

Según la querella del fiscal, Juan José María Lago es titular de una cuenta bancaria en la que se le ingresaban las nóminas y en la que también aparece como apoderada la secretaria. De ella, periódicamente, se fueron retirando cantidades de dinero, cobros irregulares, según la fiscalía, cuya procedencia ni destino llegó a aclarar Rosario Lorenzo durante su interrogatorio judicial.

La comparecencia del empresario se produce casi un año después de que el fiscal del caso, Augusto Santaló, hubiese pedido a la juez instructora su citación como imputado. Las dificultades para localizar a Lago y la demora de su interrogatorio estuvieron a punto de acabar en una orden de detención después de que el pasado 16 de septiembre el funcionario diese un plantón a la jueza, Casilda Rodríguez, con su incomparecencia.

El segundo empleado de la Cámara de Pontevedra imputado en el caso tendrá que motivar el origen del dinero que fue retirando la secretaria como apoderada de su cuenta bancaria desde al menos 2006. Las cantidades retiradas por Rosario Lorenzo en concepto de “presuntas comisiones” superan los 16.000 euros en los tres años a los que se ciñó la denuncia, aunque se sospecha que el montante final podría ser mucho mayor.

Los cobros se confirmaron con los primeros informes periciales solicitados por la fiscalía y se ampliaron a raíz de unas últimas pesquisas que realizó la Policía Judicial en una sucursal bancaria de Pontevedra. La cuenta investigada era utilizada por el empresario para cobrar un promedio de 3.800 dólares mensuales que le pagaba la Cámara de Comercio a cambio de organizar viajes y eventos promocionales para empresarios.Lago había trabajado como becario de la entidad antes de ser contratado como delegado de la oficina en Brasil una sede que fue financiada, casi en su totalidad, por la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta.