Hacienda considera que Gürtel pagó a Pedro García a través de dos empresas
El exdirector de RTVV recibió 415.200 euros por el contrato de la visita del Papa
La adjudicación de la sonorización y montaje de pantallas de vídeo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a la constructora Teconsa, con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, supuso un suculento negocio para la trama Gürtel. Según consta en un archivo Excel incautado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en uno de los locales de la red, la operación motivó un reparto de 2.830.000 euros entre Francisco Correa (900.000), Pablo Crespo (630.000), Álvaro Pérez, El Bigotes (500.000), el director general de RTVV, Pedro García (500.000) y una persona sin identificar designada como “R” (300.000).
García, según el informe de la Agencia Tributaria sobre las contingencias fiscales de Teconsa, tuvo una “intervención decisiva” para que la organización de Correa resultara beneficiada en la adjudicación de la cobertura audiovisual del evento. Era “el nexo de unión entre la organización (por su estrecha amistad con Álvaro Pérez) y la Televisión Autonómica Valenciana”, así como “el principal responsable” en el ente del contrato que firmó el 10 de mayo de 2006 pese a que los técnicos advirtieron de que la oferta (7,4 millones) era por el doble de lo que costaba (3,2).
¿Pero cómo debía recibir el dinero por los servicios prestados Pet o Peter, que era el nombre utilizado por la organización de Correa para referirse al director general de RTVV, sin levantar la liebre? El informe de la Udef sobre el contrato refleja que la adjudicataria instrumental Teconsa y otra empresa de su mismo grupo, Proinsa, abonaron dos facturas a las sociedades Grupo Alvalón 2006 SL y Vinago, cuyos administradores son Vicente Torró Casanova y Ana María Martínez Penadés, por 243.600 y 238.032 euros respectivamente. El pago a estas sociedades valencianas cuyos administradores están unidos “personal y profesionalmente” se justificaba por los servicios de intermediación en la compra de un solar de las Benedictinas sito en la provincia de Zamora.
Tras examinar las cuentas bancarias de ambas sociedades, se comprobó que nada más recibirse los ingresos, el 11 de enero de 2007, se produjeron movimientos que las dejaron prácticamente sin saldo. En cuatro meses, en la cuenta de Vinago se producen 25 cargos de cheques por importes que oscilan entre 500 y 12.000 euros, así como varias transferencias y reintegros. En la de Alvalón, en un mes hubo seis traspasos de fondos, 10 cargos de cheques por importes entre 1.900 y 6.148 euros y dos inversiones de bolsa, por un total de 110.855,76 euros.
A la Udef también le llamó la atención que la sede de la sociedad Vinago se encontraba en el mismo edificio en el que vivían Pedro García y Lourdes Soriano Cabanes, su cónyuge, que había trabajado como economista en una de las mercantiles a las que Teconsa había transferido fondos (Alvalón), siendo además prima de Vicente Torró. Ante la “inconsistente justificación” aportada por Torró, que representa a ambas sociedades, y “la sistemática de funcionamiento” de las empresas de la trama, la policía infiere que ambas facturas “no corresponden a una contraprestación de servicios real”, sino que fueron “elaboradas ad hoc” y “enmascaran” el pago de una comisión de 415.200 euros “a un tercero” por su “participación activa” en el contrato entre RTVV y Teconsa a través de “sociedades instrumentales”.
Como refuerzo de la posible vía por la que Pedro García recibió su parte, la Udef indica que su mujer, el 30 de marzo de 2007, coincidiendo con el período de numerosos cargos de cheques en las cuentas de las sociedades instrumentales, compró un Volvo XC90 por un importe de 54.475 euros, mediante un cheque de 15.474, contra una cuenta de su marido, y un pago en efectivo de 39.000 euros. García alegó ante el juez que el dinero provenía de la venta de unos locales de su familia en Alzira.
Con esos datos, la Agencia Tributaria asegura que “se puede concluir” que las facturas pagadas por Teconsa y Proinsa fueron el instrumento utilizado por la organización de Correa “para satisfacer la participación que Pedro García Gimeno se llevaba por su intermediación en la adjudicación del evento, por importe de 415.200 euros”.
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