Vándalos y expoliadores

En la vida pública, los gestos dejan generalmente la huella ideológica de quien los hace. Por supuesto que donde más nítidamente se aprecia, o debería apreciarse, es en la política. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, se ha personado como acusación particular en los procedimientos judiciales abiertos contra los integrantes de los piquetes acusados de actuar de forma violenta en las calles de Barcelona durante la huelga general del 29-M de 2012. El Gobierno municipal, en una actitud que le honra por lo que supone de respeto al erario público y al patrimonio colectivo de los ciudadanos, ha decidido ser ejemplarizante abanderado e ir más allá que la fiscalía a la hora de pedir penas de cárcel, como si se tratase de un anticipo de la nueva Ley de Seguridad que prepara el ministro Jorge Fernández.

Así para cuatro acusados de tres delitos —desórdenes públicos, daños y contra la seguridad vial— para quienes el ministerio público solicita tres años y medio de cárcel, el Consistorio pide cinco años y medio. En otro caso, la fiscalía concluye que Ricard C. —otro supuesto integrante de piquete— causó desperfectos por valor de 800 euros y le atribuye dos delitos: daños y desórdenes públicos; en total, solicita dos años y ocho meses. El Consistorio eleva la petición hasta seis años y medio.

En otro de los episodios ocurrido en el barrio del Clot, tres jóvenes fueron acusados de interrumpir el tráfico volcando contenedores a la altura de la avenida Diagonal. El Ayuntamiento pidió el castigo más severo: siete años y medio de cárcel. Los tres fueron absueltos por falta de pruebas. Pero quedó clara la insobornable mano dura consistorial contra contra quienes destruyen el patrimonio ciudadano.

Asuntos de tanto calado económico permitirían renovar todo el mobiliario urbano, como el sobrecoste del hospital de Sant Pau, los dobles sueldos de algunos de sus ejecutivos o el caso Palau

El Ayuntamiento de Barcelona cuantificó en 565.000 euros el coste de los daños ocasionados en el mobiliario y los servicios urbanos durante los actos violentos de la jornada de huelga del 29-M.

Ese impulso punitivo contra los piquetes, contra la violencia callejera, ¿se mantiene en otros niveles de la vida colectiva? Pues la práctica muestra que no, que las autoridades bajan muchos vatios de potencia a la hora de abordar asuntos de tanto calado económico que permitirían renovar todo el mobiliario urbano, como el sobrecoste del hospital de Sant Pau, los dobles sueldos de algunos de sus ejecutivos o el caso Palau. La doble vara de medir la emplean todas las instituciones y casi siempre va más allá de quién sea el gobernante de turno. Es como si el poder fabricara anticuerpos que protegen a quienes lo ejercen. Y más en los años de crisis. En la Europa actual, tal como asegura Zygmunt Bauman, cuesta distinguir entre gobiernos de izquierda y de derecha.

En el caso del Hospital de Sant Pau, en el que se amalgaman imputados de las más variadas procedencias, el juez archivó hace unos meses el desvío presupuestario de 77 millones de euros en la construcción de nuevas instalaciones del citado centro hospitalario, reconociendo irregularidades, pero atenuándolas con el generoso argumento de que los responsables habían sido asesorados de manera “incorrecta” por terceros. El razonamiento del juez es complejo, pues de aplicarse a los defraudadores fiscales les eximiría de responsabilidades en caso de que hayan acudido a asesorarse a un fiscalista (la célebre tercera persona). Pero argumentaciones judiciales al margen, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona, presentes en los órganos de gobierno del Sant Pau, en ningún momento se han constituido en acusación particular. Ahí ambas instituciones ya han considerado que con el ministerio fiscal es suficiente.

Y qué decir del caso Palau. Ahí tanto la Generalitat como el Ayuntamiento, representados en el consorcio, solicitan 21 años de cárcel para los saqueadores Fèlix Millet y Jordi Montull, frente a los 27 años y medio que pide la fiscalía. Ambas instituciones evitan solicitar responsabilidades a Convergència Democràtica -que según el fiscal se quedó con 6,6 millones de euros en comisiones ilegales procedentes de obra pública (Línea 9 del metro o Ciutat de la Justícia)-, con el argumento de que el dinero, por paradójico que parezca, no procedía de fondos públicos.

A poco de llegar al poder, en enero de 2011, Artur Mas aseguraba, pese a los entonces indicios, que “no es momento de imputar a nadie” de CDC por parte de los abogados de la Generalitat. El presidente añadía: “Dejemos que el juez decida si les imputa. No hagamos prejuicios de manera interesada”. Bien pues el juez ya ha imputado. ¿Y que dice ahora? Pues que “los indicios que ahora determina el juez no tienen una base sólida”, según un comunicado de CDC. La constructora Ferrovial pagó supuestamente, según el magistrado, un total de 6,6 millones en comisiones ilegales al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol. Pero todavía hay diferencias entre vándalos y expoliadores.