El Supremo para un proyecto de 1.247 viviendas en Villanueva de la Cañada

La Comunidad de Madrid publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial el fallo del Tribunal Supremo de julio de 2012 que paró la urbanización de 103 hectáreas en el Sector 3 (El Castillo) de Villanueva de la Cañada, gobernado por el PP. El desarrollo urbanístico fue denunciado por la asociación Iniciativa Ciudadana Sostenible debido a que el 70% del suelo afectado cuenta con protección o es de interés ambiental. Un total de 207.947 metros cuadrados está clasificado como suelo no urbanizable de protección y 519.016 como suelo no urbanizable.

La decisión judicial anula dos acuerdos del Gobierno regional, uno de febrero de 2003, por el que se aprobaba la modificación del plan general de Villanueva de la Cañada, que permitía el desarrollo urbanístico, así como el que dio el visto bueno al plan parcial de noviembre de 2004. El Tribunal Supremo señala que no existe ni motivación ni justificación para convertir el suelo del Sector 3 en urbanizable y que no se ha llevado a cabo la correspondiente evaluación ambiental.

“El Gobierno regional acata así la sentencia del Supremo que data de julio de 2012, la hace fehaciente”, explica Miguel Ángel Hernández, presidente de Iniciativa Ciudadana Sostenible de Villanueva de la Cañada. “Y se para también un nuevo intento de hace un año en el que el Ayuntamiento pretendía comenzar de nuevo la tramitación de la actuación urbanística”, añade. Fuentes del Consistorio han declinado realizar ninguna declaración al respecto.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada lleva años intentando sacar adelante este proyecto. En 1998, la Comunidad de Madrid aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aunque denegó la urbanización del Sector 3. El ámbito no se podía clasificar como urbano porque estaba incluido en un régimen de protección preventivo para el curso medio del Río Guadarrama y su entorno.

Cuatro años después, el Ayuntamiento solicitó la revisión de esta decisión, porque vulneraba su autonomía local y las deficiencias eran subsanables. Con la nueva documentación sobre la mesa, la Comunidad desbloqueó el ámbito y lo aprobó en 2003. Pero el proyecto municipal tropezó con la asociación Iniciativa Ciudadana Sostenible de Villanueva de la Cañada, que denunció al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el atropello que, a su juicio, se iba a cometer con el medio ambiente. El TSJM se pronunció en 2009 dando la razón a la asociación vecinal. “Los jueces sentenciaron que el plan carecía de eficacia porque no había sido publicado”, comenta Hernández. Una explicación insuficiente según la asociación debido a que no recogía sus denuncias sobre la ocupación de suelo protegido. Decidieron recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Los jueces admitieron dos de sus principales argumentos. La sentencia sostiene que no se tuvo en cuenta la existencia de montes preservados, que contaban con protección. Y aunque el proyecto incluía este terreno como sistemas generales (que son no urbanizables), no se elaboró una justificación de las razones de interés general por las que se debía construir allí una urbanización. El tribunal considera “indudable” que podían producirse afecciones en su preservación debido a su proximidad a los usos residenciales previstos. Sobre todo en el monte preservado C, que quedaría rodeado de edificaciones.

La sentencia también recuerda que la actuación se presenta como “prácticamente irreversible” y que puede afectar a otros recursos naturales. La zona colinda con el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y es Lugar de Interés Comunitario (LIC) incluido en la Red Natura 2000. El tribunal añade que la urbanización que se proyecta se encuentra “disgregada del núcleo urbano”, lo que supone una vuelta al urbanismo disperso.