La Intervención alerta de que Idea dio 36 millones a Santana irregularmente

La Intervención General de la Junta ha detectado importantes irregularidades en préstamos y avales que la agencia pública Idea concedió en 2010 a las sociedades A Novo Comlink España, Dolmen Consulting Inmobiliario y Santana Motor. La Intervención emitió a finales de febrero dos informes de actuación en los que se alerta del riesgo de menoscabo de fondos públicos. En total, el dinero del que se beneficiaron las tres sociedades supera los 39 millones de euros.

Pero el caso más llamativo, y el de un montante mayor, es el de Santana Motor, la factoría jiennense de la que la Junta de Andalucía era la propietaria y que cerró en febrero de 2011. Gracias a un acuerdo de Gobierno de finales de 2009 esta sociedad recibió 36,1 millones destinados al desarrollo técnico de todoterrenos. En un primer momento, se trataba de un “crédito reembolsable”, con interés del 0%, cuatro años de carencia y diez de periodo de desembolso, como figura en la resolución que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en abril de 2010. Pero, tras analizar el caso, la Intervención considera que lo que era un préstamo reintegrable al principio se transformó en “una ayuda a fondo perdido”.

La Intervención advierte de alteraciones en el acuerdo por el que el Consejo de Gobierno aprobó el 15 de diciembre de 2009 la concesión del crédito. Entre ese acuerdo y el texto del convenio que dos días después firmaron los entonces consejero de Innovación, Martín Soler, y el director de Idea, Jacinto Cañete, se incluyeron modificaciones y desaparecieron cláusulas. La Intervención concluye que los cambios implicaron en la práctica la entrega a Santana de 36,1 millones a fondo perdido, sin contraprestación.

Entre las irregularidades que el informe detecta está la omisión de la fiscalización previa. La Intervención solo analizó el acuerdo del Consejo de Gobierno y no el texto publicado en el Boja. También considera que se habría incumplido la Ley de Presupuestos de 2010, por haberse autorizado un gasto superior a 12 millones. Además, se apunta a que Idea habría comprometido gastos sin tener crédito suficiente.

Santana, que está en fase de liquidación, no ha devuelto los 36,1 millones. La Intervención considera que esta operación podría suponer un menoscabo de fondos públicos. Tras consultar la contabilidad de Idea, los auditores han concluido que el préstamo aparece provisionado y que la consejería ha ingresado esos 36,1 millones a Idea.

Fuentes de esta agencia, sin embargo, rechazan que haya riesgo de menoscabo de fondos públicos. Entienden que la modificación del convenio es una “incidencia de tipo administrativo” que tiene una “solución administrativa fácil y rápida”. Idea sostiene que se van a “anular aquellas cláusulas que difieran del convenio” que fue autorizado por el Consejo de Gobierno. Afirma también que “en ningún caso ha existido daño efectivo” ya que, a pesar de lo que afirma la Intervención, “los convenios siempre han contemplado la devolución de los fondos”. Además, estas fuentes recuerdan que el dinero se empleó para el fin que estaba previsto.

La Intervención resalta en su informe de actuación que, en marzo de 2012, se preguntó a la Consejería de Economía por las causas que llevaron a modificar el convenio. La Intervención no ha obtenido respuesta alguna.

El otro informe de actuación se refiere a dos avales, de 1,5 millones de euros cada uno, que Idea concedió a Dolmen y A Novo por delegación de la entonces Consejería de Innovación. Se encuadraban en el programa andaluz de ayudas a “empresas viables con dificultades coyunturales”. Los fondos que se han recuperado tras ejecutarse estos avales se tendrían que haber reintegrado en las arcas de la Junta, según la Intervención. Pero continúan como patrimonio de Idea.

La Intervención también considera que no se ha cumplido con la normativa para que el reembolso sea completo, ya que debe ser la Agencia Tributaria de Andalucía la que siga con el procedimiento de apremio. De ahí que en el informe se alerte del posible menoscabo de fondos públicos. En este caso, Idea también afirma que se trata de “una incidencia de tipo administrativo” que tiene “fácil y rápida” solución. Fuentes de la agencia aseguran que la consejería ha aceptado las recomendaciones de la Intervención, que pasan por trasladar el cobro del aval a la Agencia Tributaria y que Idea ingrese en la tesorería general lo que haya recuperado ya.

Los dos informes de actuación son de finales de febrero. Fuentes de la Junta afirman que los expedientes, que comenzaron a tramitarse en 2011, se han trasladado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el de Mercedes Alaya. El paso dado por la Intervención coincide en el tiempo con un auto de la magistrada en el que anunciaba que abría diligencias previas por las ayudas concedidas a empresas a partir de 2008 por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, actual Idea. La juez cree que muchas de estas ayudas se concedieron sin la autorización del Consejo de Gobierno y traspasaron el límite de la asignación presupuestaria prevista para préstamos de la agencia pública. Alaya apuntaba en el auto que muchas de las sociedades que se beneficiaron del fondo de los ERE recibieron “ayudas de salvamento” de Idea.