La Cámara exige una lista de bancos morosos con comunidades de vecinos

La vergüenza pública de los bancos y el sonrojo de su imagen corporativa como vía para que las entidades financieras paguen lo que les corresponde a las comunidades de vecinos en las que poseen viviendas. Con ese fin, el Parlamento ha pedido este jueves al Gobierno que publique, con los nombres y las cantidades que adeudan a las comunidades, una cifra que en total suma 12 millones de euros con datos de 2012. La resolución, que salió adelante con el apoyo del bloque de izquierdas —EH Bildu, PSE y UPyD,— busca el listado como “medidas de presión” o un intento de que se sientan “acorralados por la opinión pública”, según los portavoces de estos partidos.

También reclama a las entidades que paguen “lo antes posible” e incluye la petición al Gobierno vasco de crear un plan para “atender las situaciones de necesidad que se creen en las comunidades de propietarios donde las deudas de alguna entidad financiera impidan la realización de obligaciones” como distintas reformas.

El debate de este jueves sigue a otro similar que se produjo hace un año, en marzo de 2013, también impulsado por el PSE. Entonces los grupos no contaban con cifras sobre el fenómeno en Euskadi, pero reclamaron al Gobierno que lo analizara. Y los resultados fueron contundentes: los bancos, convertidos en los dueños de un extenso parque de viviendas debido a las ejecuciones hipotecarias, adeudan seis millones a comunidades de propietarios de Bizkaia, cuatro a las de Gipuzkoa y dos millones de euros a comunidades de vecinos de Álava.Esos doce millones son el 17% del total, 63 millones, de la morosidad por ese concepto en Euskadi.

El porcentaje supera la media nacional. El estudio, encargado al Observatorio vasco de la Vivienda, va más allá y resalta que el de no pagar a las comunidades es un comportamiento “ampliamente generalizado”.

EH Bildu y PSE siguieron la misma línea argumental: los bancos no se convierten en morosos porque no tengan dinero, sino porque no quieren. El autor de la iniciativa, el socialista Bixen Itxaso, resaltó que este tipo de deuda es “particularmente odioso” por esa misma razón y resaltó que “es una morosidad consciente, basada en la situación de posición dominante” y en un intento de “explotar la situación de ventaja”.

Los peneuvistas aseguran que el Gobierno no puede crear el documento

Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu) señaló que esta situación es “inaceptable” que los bancos realicen estas prácticas y señaló que hay dos tipos de morosos: los que no pueden pagar y los que tienen “mucha cara”, un segundo grupo en el que incluyó a las entidades bancarias.

La resolución ha salido adelante con el voto en contra del PNV y el PP y, salvo en un punto, es idéntica a otra aprobada por el Parlamento de Navarra en noviembre del año pasado. El peneuvista Félix Urkola centró su negativa a que la resolución en señalar que el plan que reclama sustituye en realidad a la idea de crear un fondo económico para apoyar a las comunidades de propietarios que se encuentren con situaciones de impago de los bancos, la propuesta del PSE rechazada en 2013. “Trata de que se destinen recursos públicos para corregir algo que los bancos tienen que hacer”, pagar lo que deben.

También el PP insistió por esta línea. Urkola advirtió de que crear la lista “no es posible” porque el Gobierno “no la tiene” ni tampoco cuenta con competencias que, en su caso, atribuyó a las diputaciones. “Si se puede cuantificar y evaluar la deuda, ¿cómo es posible que no se pueda hacer un listado de deudores?”, le preguntó Beitialarrangoitia. Desde el PP, Antón Damborenea puso el foco en el 83% restante, el grupo de deudores que no son bancos. Y, sobre todo, en otra realidad que reseña el informe del Gobierno, la del desconocimiento de las comunidades de vecinos del procedimiento para reclamar las cantidades. La vía judicial es costosa, le reprochó Itxaso.

El estudio encargado al Gobierno advierte de que las deudas contraidas por los bancos dejan a algunas comunidades en situación de “debilidad” para afrontar sus gastos y resalta que en muchos casos no se recupera el dinero porque la legislación actual establece que solo se puede reclamar las del año anterior.