El ‘caso Aneri’ irrumpe en la Asamblea de Madrid en camión
La Comunidad envía en dos furgones varias toneladas de documentación sobre los cursos de formación La oposición critica que la información no les llegara en un formato digital
El caso Aneri irrumpió ayer en su máxima expresión analógica en la Asamblea de Madrid a bordo de dos camiones que transportaban varias toneladas de documentación. Los furgones, que llegaron a las 15.15 al Parlamento regional, portaban más de 500 cajas hasta arriba de papeles agrupadas en una docena de palés sobre el escándalo de los cursos de formación, destapado por EL PAÍS el pasado mes de diciembre. El presunto fraude asciende al menos a 17 millones de euros: 12 millones corresponden a fondos estatales y otros cinco millones de dinero de la Comunidad de Madrid, con capital procedente de las cuotas de los trabajadores y del Fondo Social Europeo.
En el siglo XXI creemos que hay mecanismos para que nos faciliten esta información en soporte digital, es un despropósito”, criticó Tania Sánchez Melero, diputada de Izquierda Unida. “Este aluvión de información en papel ha supuesto que funcionarios regionales han debido de estar días fotocopiando los informes que nos han llegado, y ni siquiera sabemos si trata sobre lo que hemos reclamado”, apostilló.
Como los palés no cabían en ninguno de los dos ascensores del edificio donde se encuentran los grupos parlamentarios, los ujieres tuvieron que cargar con la información aportada por el Ejecutivo autonómico al hombro. “La Comunidad ha hecho una copia de cada expediente para cada grupo, por lo que calculamos que hay unas 240 cajas apiladas en cada grupo de la oposición”, añadió la parlamentaria de IU.
Las cajas contienen casi un millón de folios, lo que supone más de 200.000 para cada grupo parlamentario. Según fuentes consultadas, toda esa información cabría en un soporte similar a tres CD.
El Gobierno regional remitió la documentación a petición del portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, Íñigo Henríquez de Luna, que solicitó precisamente ayer a la Comunidad (también del PP) toda la información sobre los planes de formación sectoriales, en la modalidad de teleformación. Como si le hubiera leído el pensamiento, la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura que dirige Ana Isabel Mariño envió ayer el alud de legajos. La irrupción de los dos camiones en la explanada central descolocó a algunos parlamentarios presentes en ese momento en la Cámara autonómica, sorprendidos por la marabunta de papel. Y más en víspera de puente.
“En un ejercicio de transparencia hemos facilitado a la oposición la información que requerían sobre el caso Aneri”, sostuvo el Gobierno regional. Sin embargo, el formato elegido no sentó nada bien a los partidos de la oposición. “Nos parece bien que nos envíen la información, pero hay que cumplir aportando la información de forma inteligible y no como se ha producido”, reprochó el portavoz adjunto de UPyD, Ramón Marcos. Aparte de poner en duda el contenido de los expedientes depositados en la Asamblea —algún grupo llegó a apilarlos en el garaje del hemiciclo hasta que les encontró un lugar mejor—, el responsable de la formación magenta se mostró “escandalizado” por “la forma de organizarse” del Ejecutivo de Ignacio González. “No sabemos si nos han mandado un índice de cada expediente reclamado, una parte, todo... Lo mínimo era que lo hubieran enviado de una forma que nos permitiera acceder a la información en unos pocos CDs o pendrive, y poder realizar búsquedas mediante palabras clave... Todo esto da una sensación de chapuza, de una Administración anclada en el siglo pasado. Si nos dan así la información es porque la tienen así, lo que nos parece más grave”, abundó Marcos. “Así es imposible que controlen nada, si no utilizan tecnología moderna para un control del buen uso del dinero público...”, reflexionaban entretanto en Izquierda Unida.
Antes de llegada de los camiones a la Asamblea, el PSOE registró 40 iniciativas para “esclarecer un asunto que en el contexto de crisis que vivimos, con casi 700.000 parados en la región, escandaliza, y mucho, a los ciudadanos y requiere explicaciones urgentes”, observó su portavoz de Empleo, María José Navarro.
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