La Intervención gana poder para controlar los fondos de la Junta
Hacienda refuerza la fiscalización previa de las transferencias de financiación
La Intervención General de la Junta tiene desde este lunes más poder para controlar las transferencias de financiación que se realizan desde la Administración andaluza a las agencias, sociedades, fundaciones y consorcios públicos. Es la reacción del Gobierno de Susana Díaz a la denominada trama político financiera del caso de los ERE, que ha expuesto las deficiencias en el uso de fondos públicos. La magistrada Mercedes Alaya, instructora de este caso, considera que las transferencias de financiación que se emplearon con los ERE, un instrumento de pago habitual en las distintas Administraciones, son ilegales. La Junta de Andalucía transfirió a través de este procedimiento a la agencia Idea el dinero que luego sirvió para financiar los expedientes y las ayudas directas a empresas durante diez años, algo que Alaya considera fraudulento.
El PP pide más información del fraude de la formación
La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha valorado la nueva orden por la que se regulan mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación. Sin embargo, ha criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, siga “escondida” ante el presunto fraude de fondos de formación. En su opinión, las explicaciones dadas por el consejero de Educación, Luciano Alonso, no son suficientes.
El presidente de los populares, Juan Manuel Moreno, también se ha mostrado de acuerdo con los nuevos controles de la Junta. Pero, al igual que su compañera, ha insistido en centrar el foco en el presunto fraude de la formación. Ha exigido a Díaz una “respuesta pública inmediata” sobre este asunto.
Por su parte, el PSOE andaluz ha resaltado los pasos dados por la Consejería de Hacienda. Juan Cornejo, secretario de Organización de los socialistas, recordó que se trataba de un compromiso de la presidenta de la Junta.
Respecto al posible fraude en la formación, el PSOE ha reclamado que sea el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que comparezca en el Congreso de los Diputados. De su departamento, según los socialistas, salieron las informaciones sobre la investigación. Cornejo ha asegurado que su partido respetará cualquier labor de investigación, pero no va a aceptar ni la “manipulación ni las intoxicaciones”.
Antonio Maíllo, coordinador andaluz de IU, ha abogado por que los nuevos controles no se circunscriban solo a los entes públicos, “sino que vinculen a todo el sector económico de la Junta y de la Administración general”. En su opinión, para cumplir con los objetivos de transparencia hacen falta normas que refuercen los mecanismos de control.
Con esta sombra de duda acechando, Díaz prometió aumentar los controles sobre las transferencias de financiación en septiembre de 2013, poco después de convertirse en presidenta de la Junta. Este lunes se ha publicado en el Boja la orden de la Consejería de Hacienda que desarrolla “los mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz”. Y la principal novedad es que la Intervención tendrá capacidad de fiscalización previa sobre las transferencias, y no solo a posteriori como hasta ahora. Hasta el punto de que podrá paralizar el pago de las transferencias si se detecta alguna irregularidad en la actuación de las entidades que percibirían esos fondos. Para bloquear el pago la Intervención deberá haber emitido un “informe de actuación”. Tras esa paralización, el pago será anulado o desbloqueado en el caso de que se haya constatado “la subsanación de las deficiencias observadas”, según se apunta en la orden publicada este lunes.
En el caso de los ERE, la Intervención General de la Junta envió varios informes en los que se cuestionaba que se hubieran empleado las transferencias de financiación, pero no llegó a pedir que se prohibiera su uso.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha recalcado este lunes que la orden supondrá “un control más estricto previo a la fiscalización de ayudas”. “No es que antes no existieran, pero en vez de hacerlo ex post facto, el objetivo es hacer previamente la fiscalización de las ayudas, algo nuevo”, ha indicado. En su opinión, “el derecho administrativo español es bastante garantista, pero el control es siempre a posteriori”.
La norma publicada establece —“por primera vez”, según la Junta— “un cauce de coordinación” entre las actuaciones que se realizan en las fases de fiscalización previa y posterior. Entre las facultades que tendrá la Intervención estará la de reclamar información a los distintos entes públicos que reciban las transferencias, que tendrán la obligación de suministrar los datos requeridos por el órgano fiscalizador. También se faculta a la Intervención General para acordar que determinados procedimientos de subvenciones “que tengan reglamentariamente atribuidas las agencias públicas empresariales, se sometan a un informe previo suspensivo”.
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