Preferentistas y emigrantes retornados se manifiestan juntos en Pontevedra

Miles de personas de los colectivos de afectados por preferentes y subordinadas de Novagalicia Banco, y plataformas de emigrantes retornados jubilados a los que Hacienda exige el pago de atrasos, se han manifestado en Pontevedra, procedentes de toda Galicia, para reclamar una "solución ya" a ambos conflictos. Encabezaron la marcha, con la que colapsaron el centro de la ciudad, con una pancarta conjunta con el lema 'Polos nosos cartos. Pola nosa dignidade. Pola xustiza'.

Tras hora y media de recorrido, en la que han hecho sonar bocinas, tambores y consignas por megafonía, se han concentrado en la Avenida de Montero Ríos, para la lectura de sendos manifiestos. Allí se encontraban la candidata del BNG a las elecciones europeas, Ana Miranda, y al portavoz nacional de esa formación, Xavier Vence. Precisamente, el portavoz de la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Galegos Retornados, Xosé Lois Leirós, se ha referido a la cabeza de lista nacionalista como "la voz de los emigrantes retornados" en Bruselas, porque "llevará en su agenda la defensa" de los intereses de este colectivo ante la Eurocámara.

Leirós ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de haber tumbado una propuesta del BNG para reformar la Ley del IRPF que "castiga" a los emigrantes y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "ignora" y "no atiende" sus demandas. Por ello, ha instado a los más de 250.000 gallegos afectados por esta problemática a "dar un cambio importante a este país" con su voto en las elecciones del próximo 25 de mayo.

"Retiremos la confianza al PP para que desaparezca de nuestras vidas por su incompetencia y el daño moral", ha afirmado Xosé Lois Leirós entre los aplausos de los manifestantes. El portavoz de la Coordinadora de Emigrantes Retornados ha pedido también "que se depuren responsabilidadse políticas a los que maquinaron estas estafas" y ha reclamado la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que han deseado "que se vaya a la emigración".

Los afectados por las preferentes han vuelto a reclamar "una solución para todos" porque, pese a que muchos ya han recuperado sus ahorros, "muchos compañeros siguen en la lucha, peleando en la calle y en los juzgados". En este sentido, han recordado que "el banco pierde por goleada" ante las demandas de los preferentistas, "gente mayor que después de trabajar y ahorrar toda su vida, se ven obligados a luchar por lo suyo".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Preferentes y Subordinadas de Pontevedra, Daniel Rabuñal, ha señalado durante la manifestación que se dá la "paradoja" de que algunos de los integrantes del colectivo son emigrantes retornados que ahora padecen este nuevo problema con Hacienda.

Las plataformas de afectados por preferentes y subordinadas han mostrado su confianza en la justicia para que "todos los responsables que diseñaron, estructuraron, ejecutaron y permitieron esta gran estafa, estén en la cárcel después de devolverles los miles de millones de euros que robaron". Su manifiesto ha concluido reclamando la retirada o el archivo de todas las multas y sanciones impuestas a los miembros de ambos colectivos "en su lucha ejemplar".

Mientras el candidato del PSdeG Parlamento Europeo, José Blanco, ha calificado de "injusticia" que existan "amnistías fiscales para los defraudadores e inspecciones y sanciones para los trabajadores retirados". Tras mantener una reunión con representantes de los emigrantes retornados y jubilados, se ha comprometido a gestionar desde Europa "que haya claridad a través de un documento homologado sobre las retenciones practicadas en el país de origen de la pensión para evitar situaciones de doble imposición".

 Blanco ha anunciado que el próximo 27 de mayo se debatirá en el Congreso una iniciativa para modificar la legislación tributaria y evitar las sanciones a los afectados. Para el candidato socialista "los pensionistas no tienen por qué pagar las consecuencias de la crisis", y ha criticado las medidas del PP porque supondrán "una pérdida de poder adquisitivo en los próximos nueve años del 20 por ciento de su pensión, lo que justamente subió durante la época de Rodríguez Zapatero".