Ocho años de cárcel a un exconsejero de Camps por fraude en ayudas al desarrollo

Los jueces han condenado este miércoles al exconsejero valenciano Rafael Blasco a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por el fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo, cometido durante la presidencia de Francisco Camps. Un total de 43 años de prisión y 47 años de inhabilitación para la trama que se apropió de los fondos destinados a proyectos de desarrollo en América Latina, África y Asia por la Generalitat valenciana. La red estaba integrada por la cúpula de la Consejería de Solidaridad, a la que pertenecían seis de los nueve condenados.

Al frente de todos ellos, como "director" de la trama, Rafael Blasco, el hombre que ha definido una parte clave de la política valenciana de los últimos 30 años, y que alcanzó su máxima cota de poder en 2009, durante la recta final del mandato del expresidente Camps. Los magistrados han condenado a Blasco, que sigue siendo diputado autonómico, a ocho años de cárcel como jefe de la red y 20 años de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial.

La sentencia considera probado que Blasco, exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes Valencianas forzó el procedimiento de concesión de subvenciones. Presionó a funcionarios. Y que, a la vista de su resistencia, los relevó por personas de su confianza que sí accedieron a conceder las ayudas violando los criterios legales. El fallo conocido hoy corresponde a la primera pieza separada del caso Cooperación, una macrocausa que tiene otras dos piezas separadas.

En esta historia de villanos hay también algunos héroes discretos: en primer lugar, los funcionarios que se negaron a conceder las ayudas y contaron lo ocurrido en el juicio. La sentencia recoge, entre otros pasajes, que ante el bloqueo en la concesión de subvenciones, Blasco convocó a los empleados públicos a una reunión presidida por él mismo, "algo que era completamente extraordinario".

Una vez allí se mostró "abiertamente disconforme con su decisión" de oponerse a librar las ayudas, "presionándolos para que modificaran sus conclusiones, sosteniendo que él era el máximo intérprete de las bases". Blasco les pidió "que confiaran en su palabra de la misma manera que él había confiado en ellos, pese a que no se tenía buen concepto de su trabajo".

Como no consiguió su objetivo, el consejero de Camps los amenazó con el escrutinio de su trabajo anterior, señala la sentencia: "Al enterarse de que no variaban su decisión, Blasco visiblemente enfadado, les dijo que si siempre habían sido tan rigurosos, que lo iba a comprobar personalmente, pidiendo a continuación que le subieran a su despacho todos los expedientes" que los funcionarios habían elaborado anteriormente "con tal objeto".

Junto a Blasco han sido condenados el empresario Augusto César Tauroni, a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta; la que fue secretaria general administrativa de la consejería, Tina Sanjuán, a siete años y seis meses de prisión; el exjefe del área de cooperación, Marc Llinares y el exsecretario general del departamento, Alexandre Català, ambos a cuatro años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, a tres años de prisión y dos de inhabilitación; el presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, Marcial López, a cuatro años y seis millones de euros de multa; la miembro de la misma Fundación Cyes, Josefa Cervera, a tres años y medio de prisión y multa de cuatro millones de euros, y al ex director general Josep Maria Felip, a siete años de inhabilitación.

Además, Tauroni, López y Cervera han sido condenados al pago conjunto y solidario de una indemnización a la Generalitat de 1,7 millones de euros. La responsable civil subsidiaria es la fundación Cyes.

En esta parte de la causa se ha juzgado la primera actuación de la trama. El desvío en 2008, poco después de que Blasco, a quien la trama apodaba El Conejo, se hiciera cargo de la consejería, de 1,8 millones teóricamente destinados a Nicaragua. El dinero se invirtió principalmente en pisos y plazas de garaje en Valencia.

En la causa se investigan también, entre otros fraudes, la supuesta rapiña en la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país caribeño en 2010, al que Camps decidió destinar inicialmente cinco millones de euros.

Junto al exconsejero y todavía diputado autonómico han sido condenados los principales mandos de la consejería. A pesar de tener constancia de que las subvenciones no podían entregarse porque la Fundación Cyes no cumplía los requisitos, los cargos públicos fueron "removiendo cualquier obstáculo que pudiera impedir su concesión, para luego ocultar y eliminar cualquier circunstancia que, o bien, pudiera impedir la aprobación de la rendición de cuentas presentada y la subsiguiente conclusión del expediente, o bien, pusiera en evidencia lo irregular de la concesión", sentencian los jueces.

Sus cómplices fuera de la Administración fueron el presidente de la Fundación Cyes, utilizada para recibir los fondos, así como su mujer. Y el empresario Augusto César Tauroni, cabecilla de la parte civil de la red, que lleva más de dos años en prisión provisional.

Blasco dirigió casi todas las consejerías de la Generalitat. Fue un estrecho colaborador de tres presidentes valencianos, y se especializó en asesorarles en materias delicadas. Alcanzó su cima de poder cuando el expresidente Camps se vio amenazado por su implicación en el caso Gürtel. El expresidente lo nombró entonces portavoz parlamentario y titular de las carteras de Solidaridad y de Justicia.

La carrera política de Blasco ya pareció acabada hace 25 años, cuando los socialistas lo expulsaron del Gobierno valenciano y del partido entre sospechas de que había aceptado sobornos a cambio de facilitar negocios urbanísticos.

El veterano político (acaba de cumplir 69 años) fue, sin embargo, absuelto tras la anulación de los pinchazos teléfonicos que sostenían la acusación. Después de un periodo de ostracismo, Blasco fue reclutado por Eduardo Zaplana, elegido presidente valenciano en 1995, para la causa popular. Zaplana explotó la habilidad política de Blasco, así como el profundo conocimiento que tenía de la estructura autonómica y de su gran rival, el PSPV-PSOE.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, lo destituyó como portavoz en las Cortes Valencianas en 2012, después de que fuera imputado en este caso. Fabra no forzó, sin embargo, su salida del Grupo Popular en el Parlamento autonómico hasta que la juez lo sentó en el banquillo de los acusados, hace un año, y el propio Gobierno valenciano, personado en el procedimiento, solicitó para él 11 años de prisión.

Blasco integra ahora el grupo de no adscritos de las Cortes y se encuentra inmersos en varias investigaciones por corrupción. Existen dudas sobre si dejará su escaño tras la condena, dado que aún puede recurrir la condena al Tribunal Supremo.