La Cámara de Cuentas desoye las alegaciones de CC OO sobre la Faffe

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha rechazado la petición de nulidad de su informe sobre los fondos de formación y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), como solicitó el sindicato CC OO en un recurso, ya que se trata de una entidad que no está obligada al trámite de audiencia previa a los agentes sociales que reciben las subvenciones.

En su resolución, la Cámara de Cuentas andaluza recuerda que “no es una Administración pública” y, por lo tanto, no está obligada por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, como argumentó el letrado de CC OO. Por el contrario, su finalidad “es de auxilio al Parlamento de Andalucía en su función de control económico, financiero y contable de los fondos públicos de la comunidad autónoma” y, en el caso del informe sobre los fondos de formación y Faffe, “actuó en la órbita parlamentaria y como órgano técnico, no como Administración pública”.

Según el dictamen firmado por el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, no puede aplicarse la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, “dado que dicho precepto no habilita en ningún caso que pueda plantearse recurso frente al informe de fiscalización”.

CC OO solicitó la nulidad del informe sobre los años 2009 y 2010 que ha dado lugar a la causa judicial que actualmente investigan distintos juzgados de Sevilla y Málaga. En enero pasado, el órgano fiscalizador presentó un informe según el cual el 89% de las ayudas se habían otorgado sin “concurrencia competitiva”, presentaban deficiencias de control interno y, en la mayoría de los casos, sus fondos se destinaron a gastos corrientes.

Por su parte, el secretario general de CC OO en Andalucía, Francisco Carbonero, aseguró este lunes en Huelva que “intuía” que la Cámara de Cuentas no iba a admitir el recurso del sindicato. Según dijo, el recurso interpuesto no iba contra el contenido del informe y se presentó porque al sindicato “no se le había permitido hacer alegaciones”.

Lo que reclamaban, precisó Carbonero, es que “investigaran de otra manera e hicieran los informes diciendo dónde estaban los problemas y no acusaran a todo el mundo en el mismo plano”. “No todos somos iguales ni todos hemos cometido las irregularidades”, concluyó.