El juez cita a declarar a Bárcenas otra vez por la financiación ilegal del PP valenciano

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, prosigue su investigación de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. Y ha citado a declarar otra vez al extesorero nacional de los populares Luis Bárcenas, imputado en las dos vertientes de la causa que se instruyen en el Tribunal Superior valenciano y en la Audiencia Nacional.

Bárcenas ya declaró en Valencia en 2012. Pero su situación ha cambiado radicalmente desde entonces. Cuando en aquella ocasión se sentó ante el juez Ceres, no se habían descubierto sus millonarias cuentas en Suiza. Ni el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz lo había enviado a la prisión de Soto del Real, en Madrid. Tampoco se habían deteriorado como lo harían después las relaciones entre el antiguo responsable del dinero en el PP y la dirección del partido.

“En evitación de gasto al erario público” y dado que Bárcenas está en prisión provisional, el juez resuelve que la declaración ampliatoria del extesorero se realice por videoconferencia desde el centro penitenciario. Y encarga a la secretaria judicial realizar las gestiones para concretar la fecha de la declaración “a la mayor brevedad”.

El juez Ceres indaga el presunto pago de actos electorales del PP valenciano por empresas constructoras en las elecciones de 2007 y 2008. Unos actos que en aquella etapa, bajo la presidencia de Francisco Camps, organizaba en exclusiva Orange Market, una de las empresas del grupo de Francisco Correa.

El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, requiere al PP valenciano la “relación y copia de todas las facturas de los años 2007 a 2009 emitidas por Orange Market, cualquiera que sea su importe, derivadas de las elecciones autonómicas o municipales del año 2007 y de las generales del año 2008”. Y solicita a Hacienda que le remita la declaración del impuesto de sociedades de Orange Market de los años 2005 y 2006.

Los últimos pasos dados por el juez Ceres suponen ampliar el periodo investigado. El motivo es que aunque los actos electorales del PP organizados por empresas de la trama se celebraron en los primeros semestres de 2007 y 2008, los pagos tardaron en hacerse efectivos.

El magistrado requiere al Banco Santander que identifique a los dos dirigentes del PP valenciano que extendieron el cheque 9.148.663 a favor de Orange Market por importe de 100.000 euros el 4 de febrero de 2009. Dos días antes de que el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenara la detención de los cabecillas de la red corrupta.

Ceres anticipa que los autores de las firmas tenían que estar autorizados en la cuenta bancaria del partido. Y solo cinco personas tenían ese poder: los imputados Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez, además de Adela Pedrosa.