El director de Idea dimite tras su imputación en la causa de los ERE
Valverde afirma que deja el cargo para defenderse después de que el fiscal le pida 3,6 millones
Tres días después de comparecer como imputado ante la juez Mercedes Alaya, que instruye el fraude de los ERE en Andalucía, el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), Antonio Valverde, ha presentado su dimisión. Este organismo (antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, IFA) era el encargado de pagar las ayudas que concedía la Consejería de Empleo y que ahora investiga la magistrada. Tras acogerse el martes a su derecho a no declarar —como vienen haciendo en las últimas semanas la mayoría de los acusados—, la juez imputó a Valverde dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por autorizar el pago de estas subvenciones “al margen del procedimiento legalmente establecido y sin fiscalización”. Como medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza de responsabilidad civil de 3,6 millones de euros.
A través de un comunicado, Antonio Valverde ha anunciado que ha puesto su cargo a disposición del consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, para “poder dedicar todo el tiempo necesario” a defenderse de estas acusaciones y demostrar su “completa inocencia”, así como el “daño injustificado” que se le está haciendo “a su persona, su honor, su dignidad y su buen nombre profesional”. Asimismo, el alto cargo argumenta que deja el puesto para “no alterar el normal funcionamiento de la agencia Idea, un instrumento fundamental para el desarrollo y progreso” de la comunidad. Según fuentes de la Consejería de Economía, Valverde —quien era uno de los escasos altos cargos de la Junta que siguen al frente de sus responsabilidades tras ser inculpados— será relevado en el próximo consejo rector del organismo, previsto para el 30 de junio.
Para la juez Alaya, el papel de los miembros del consejo rector de Idea es clave para entender el fraude. Así lo dejó claro el pasado 14 de mayo cuando imputó a toda la cúpula de la agencia andaluza entre 2001 y 2008, entre ella, al actual presidente de Unicaja, Braulio Medel —quien también guardó silencio la semana pasada ante la magistrada—. Alaya entiende que los miembros de este organismo contribuyeron al falseamiento de las cuentas de Idea, una manipulación que considera “trascendental” para que se produjera el fraude. También les acusa de que, pese a conocer el convenio marco “para la concesión de las ayudas ilegales”, no pusieron reparos a estas operaciones.
La imputación de Valverde saltó el martes de los juzgados a la vida política andaluza. Durante estos tres días, los populares andaluces se han mostrado muy críticos con el Gobierno de Susana Díaz por mantener en el cargo a Valverde. Pese a ello, fuentes del Ejecutivo han destacado que la dimisión del alto cargo se ha producido a petición propia, es decir, que nadie le había forzado a enfilar la puerta de salida tras su imputación. “Ha tomado una decisión que le honra y consideramos que lo que le está pasando es injusto, pero así es la política”, indican dichas fuentes, informa Lourdes Lucio.
Valverde pidió a Alaya que suspendiera su declaración hasta que se incorpore a la instrucción el último atestado de la Guardia Civil sobre las actuaciones de la agencia andaluza. La ausencia de este documento es una de las razones que vienen alegando los últimos imputados para acogerse a su derecho a no declarar. Esa y la de cuestionar la competencia de la magistrada para seguir con la instrucción y no elevar el caso al Tribunal Supremo. Ya el lunes, la Audiencia Provincial de Sevilla solicitó a la juez que “certifique” si el documento de la Guardia Civil “está concluso y ha sido remitido” a su juzgado.
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